Gremios y transportistas anuncian paro nacional para exigir la renuncia de Dina Boluarte

El panorama político y social en Perú se tiñe de tensión nuevamente, con la confirmación por parte de múltiples gremios y organizaciones sociales de participar en un paro nacional de transporte y protestas, programadas para los días 27 y 28 de julio de 2025. La movilización, convocada con fuertes críticas hacia la gestión del gobierno de Dina Boluarte, busca presionar por cambios inmediatos en el liderazgo del país.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, ha sido una de las voces más activas en promover esta medida. En declaraciones a nuestra sección, Campos explicó que la protesta busca no solo abordar la crisis de inseguridad que azota a Perú, sino también exigir la renuncia de la presidenta Boluarte, o la declaración de vacancia presidencial: “El objetivo es que la presidenta Dina Boluarte renuncie o se declare la vacancia. Es imprescindible instalar un gobierno de transición, un gobierno de emergencia, para que una autoridad legítima asuma el liderazgo hasta 2026. La inseguridad y la violencia continúan en aumento, ya basta de muertes y violencia en el país”, afirmó.

Una reunión previa, prevista para el 26 de julio, congregará a todos los participantes en la convocatoria, entre ellos conductores de todas las modalidades (taxistas, colectiveros, transporte urbano e interurbano, camioneros), comerciantes mayoristas y minoristas, estudiantes universitarios, familiares de víctimas de violencia y sicariato en el sur, trabajadores del Estado en modalidad CAS, además de ronderos, agricultores, docentes y gremios de diversos sectores. La intención, según Campos, es fortalecer la movilización y definir los detalles de la jornada de protesta, que podría extenderse incluso hasta el 29 de julio.

Diversos gremios y organizaciones sociales han confirmado su participación en la movilización. La Alianza Nacional de Transportistas y el Frente Unitario de los Pueblos del Perú, liderado por Jorge Mendoza, han asegurado que llegarán desde distintas regiones del país para exigir justicia, cese de la extorsión y un cambio en la dirección política actual. Mendoza señala que, en el caso del FUPP, las delegaciones llegarán a Lima el 26 de julio para una asamblea nacional y la coordinación de acciones conjuntas.

Por otro lado, gremios como la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinación Nacional de Trabajadores CAS han manifestado su respaldo a la movilización. Sin embargo, la Federación de Empresarios de Gamarra, en un comunicado, aclaró que solo sus dirigentes participarán en el paro, sin que ello implique el cierre de las actividades comerciales en ese emblemático centro de comercio, asegurando que Gamarra no suspenderá sus operaciones ni en los días de movilización.

En contraste, otros gremios del transporte han manifestado su postura de no sumarse a la protesta: el Gremio Empresarial de Gamarra y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) esperan una respuesta del Congreso frente a la problemática de la inseguridad, pero no han confirmado participación en el paro. También se descartó la participación del Gremio de Transporte de Carga Pesada y el gremio de Logística, quienes manifestaron que la convocatoria no representa el sentir del sector.

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El presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, Edward Raymundo, explicó que su gremio mantendrá sus actividades habituales, y que solo algunos dirigentes de otras organizaciones participan en la protesta convocada por la Asociación Nacional de Conductores de Perú. "Gamarra no para, esta temporada es de alta demanda. Nuestra prioridad es seguir atendiendo a nuestros clientes."

La situación ha marcado un escenario de divisiones dentro de distintos gremios, algunos respaldando la protesta y otros prefiriendo mantenerse al margen ante las dudas y debates internos sobre la pertinencia y el impacto social y económico de la movilización.

Mientras tanto, la ciudadanía y diferentes sectores sociales continúan atentos a los desarrollos y las posibles acciones que podrían desencadenar una de las protestas más relevantes del año en el país, en medio de una profunda crisis institucional, de seguridad y de desigualdad social que exige respuestas urgentes.