Congreso aprueba denuncia contra fiscal Espinoza por protección a Pablo Sánchez en caso CNM Audios

En una maniobra que refleja la creciente tensión entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio un paso importante al aprobar, por mayoría, el informe de calificación que declara procedente una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La denuncia, presentada inicialmente por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), gira en torno a presuntas irregularidades en la gestión de la investigación sobre el caso CNM Audios, uno de los escándalos de corrupción más resonantes en la historia reciente del sistema de justicia peruano.

El impulso principal de la denuncia es la decisión de Espinoza de archivar una investigación fiscal en contra del exfiscal supremo Pablo Sánchez, en relación a su presunta implicancia en la manipulación de audios relacionados con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La acusación señala que esta decisión pudo haber constituido un acto de protección o favoritismo hacia Sánchez, quien fue señalado por influir en el manejo de pruebas que comprometían a exconsejeros del organismo, en un momento en que la transparencia y la lucha contra la corrupción debían ser prioritarios.

El informe aprobado en la subcomisión ahora será remitido a la Comisión Permanente del Congreso, la cual analizará si admite a trámite la denuncia constitucional y, en consecuencia, conformar una subcomisión investigadora. Según explicó la congresista María Acuña, presidenta de la subcomisión, en caso de que la instancia superior acepte la denuncia, se establecerá un plazo de 15 días hábiles para que el equipo investigador lleve a cabo diligencias, recabe descargos y prepare un informe final. Acuña además recalcó que, aunque su periodo en la subcomisión finaliza con el cierre legislativo, la continuidad del proceso está garantizada, ya que la gestión será transferida a la próxima directiva del parlamento.

El núcleo de la denuncia radica en la aparente protección que Espinoza habría brindado a Pablo Sánchez, al ordenar el archivo de la investigación que cuestionaba su participación en la filtración y difusión de audios con implicaciones en el CNM. La relevancia del caso radica en el impacto que tuvo en el sistema de justicia y en la percepción pública sobre la integridad de los órganos encargados de la administración de justicia en el país. La revelación de estos audios llevó a la desactivación del CNM, cuya función era nombrar jueces y fiscales, siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en los últimos tiempos.

Por otro lado, la congresista Acuña aclaró que no existe una persecución contra nadie: “He actuado dentro del reglamento del Congreso, sin saltarme plazos ni por presión de bancadas. No he venido a perseguir a ningún funcionario público”. Además, afirmó que todos los implicados tendrán derecho al debido proceso y podrán presentar sus descargos ante la subcomisión, en un procedimiento que, argumentó, está bajo un marco de legalidad y respeto institucional.

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Asimismo, en la misma sesión, la subcomisión aprobó la denuncia contra el exministro Alberto Otárola, también por presunto abuso de autoridad, y anunció que el proceso será similar al de Espinoza, con revisión en la Comisión Permanente y la eventual creación de una subcomisión investigadora.

Hasta el cierre de esta publicación, la fiscal Delia Espinoza no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la decisión del Congreso. Tampoco se ha difundido información oficial del Ministerio Público sobre las próximas acciones o respuestas institucionales ante este proceso, que forma parte de un escenario de creciente confrontación entre los poderes del Estado en medio de un clima de desconfianza y demandas de mayor transparencia en la administración de justicia.