TC revisa norma que podría procesar a menores por delitos graves

El Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública para examinar la constitucionalidad de la Ley N° 32330, la cual permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años cuando cometen delitos considerados graves. La consulta fue planteada por la Defensoría del Pueblo y cuenta con el respaldo de otros actores del sistema de justicia, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Durante la sesión, participaron representantes de las instituciones involucradas, expuestos a una defensa y a cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de rehabilitación de la juventud. El autor de la iniciativa, el congresista Alejandro Muñante, sostuvo que la norma es necesaria para enfrentar conductas especialmente graves y subrayó la posibilidad de que el sistema de rehabilitación actual no alcance resultados suficientes.

En contraste, un representante del Ministerio Público presentó un informe de octubre reciente que indica que, dentro del universo de adolescentes privados de libertad, la mayoría de los casos no corresponde a delitos de alta gravedad.

Según ese documento, solo una pequeña fracción de los casos de adolescentes privados de libertad está vinculada a imputaciones como extorsión, sicariato u organización criminal: 21 de casi 1.500 casos de extorsión, dos de sicariato y uno de organización criminal. Este dato fue destacado para cuestionar la proporcionalidad y el impacto real de la norma en su conjunto.

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El debate, que se desarrolló en un marco de análisis técnico y constitucional, se mantiene en curso a la espera de una decisión que podría definir el alcance de la responsabilidad penal de menores de edad en situaciones de delitos graves. Las partes coinciden en la necesidad de equilibrar la atención a víctimas, la seguridad ciudadana y las garantías jurídicas, incluida la posibilidad de rehabilitación y reintegración social de los adolescentes involucrados.