Soldados en la calle: ¿solución o riesgo?

 El despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más polarizados de la región. Ante el incremento vertiginoso de los índices de criminalidad, extorsión y crimen organizado, diversos gobiernos han optado por sacar a los militares a patrullar calles y transporte público como una medida de contención inmediata.

Sin embargo, la medida genera fuertes opiniones divididas entre autoridades, especialistas y la población en general.

• Presencia territorial: Los defensores sostienen que el despliegue militar genera un "efecto disuasivo" inmediato contra la delincuencia de bajo y mediano impacto.

• Apoyo a la policía: Permite suplir el déficit de personal y logística que sufren las fuerzas policiales para cubrir zonas de alto riesgo.

• Percepción de control: Brinda una sensación de respuesta rápida e inmediatez a una ciudadanía exhausta por la violencia criminal.

• Formación inadecuada: exministros del interior advierten que los militares están entrenados para la defensa nacional y el uso de fuerza letal ante un enemigo externo, no para la prevención, ni trato con civiles.

• Ineficacia contra las mafias: La delincuencia organizada actúa mediante inteligencia y corrupción, flagelos que no se desarticulan con patrullaje ostensible en calles o buses.

• Riesgo de derechos humanos y desenlace judicial: El uso de armamento de guerra en enfrentamientos urbanos incrementa la probabilidad de excesos y violaciones a los derechos humanos, dejando además vulnerables legalmente a los propios efectivos al actuar en el fuero común.

  
  

El consenso técnico

Analistas coinciden en que sacar a las Fuerzas Armadas puede funcionar como un paliativo temporal o apoyo logístico, pero resulta un "mensaje tendencioso" si se vende como la solución definitiva. La verdadera contención del crimen organizado requiere fortalecer la inteligencia policial, reformar el sistema judicial e invertir en prevención social.