Sentencian a Salaverry a 8 años de prisión por apropiación de fondos públicos

En una decisión que marca un duro golpe contra la corrupción en el ámbito político, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una condena de ocho años de prisión para el excongresista Daniel Salaverry por haber cometido apropiación ilícita de fondos públicos destinados a sus actividades de representación. La sentencia aún no es definitiva, ya que debe ser ratificada por una instancia superior para su ejecución.

El fallo, emitido ayer en la tarde, fue adelantado por la jueza Norma Carbajal, quien explicó que Salaverry dejó de cumplir con sus obligaciones de representación y, además, se apropió de más de S/ 10,000 que le fueron asignados por la Dirección General de Administración del Congreso para realizar sus actividades de fiscalización y contacto con la ciudadanía. La magistrada detalló que parte de estos fondos fueron beneficiados también a sus asesores, lo que agrava aún más su responsabilidad.

Durante la audiencia, la jueza precisó que las semanas de representación delegadas a sus colaboradores cubrían varios meses en 2017 y 2018, específicamente entre enero y diciembre de 2017, y entre enero y marzo de 2018. Además, Salaverry habría falsificado informes de rendición de cuentas, presentando fotos de actividades antiguas como si fueran recientes, con el fin de simular un cumplimiento que no existió.

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La resolución también impone a Salaverry una serie de medidas restrictivas. Entre ellas, la obligación de pasar controles biométricos mensuales para verificar su residencia, la prohibición de ausentarse sin autorización judicial, y la obligación de acudir a todos los llamados de los jueces y fiscales, bajo apercibimiento de revocar la suspensión y ordenarle prisión efectiva. Por otro lado, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos y se fijó en S/ 119,577 el monto de reparación civil que deberá pagar al Estado.

Este caso se suma a la lista de delitos que han conmocionado la política peruana en los últimos años, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los recursos públicos y promover una mayor transparencia en la gestión pública.