Rafael López Aliaga: ¿Contrataciones a dedo en la Municipalidad de Lima?

Una reciente investigación de Ojo Público ha destapado un intrigante panorama en la Municipalidad de Lima, donde al menos 32 militantes del partido Renovación Popular, liderado por el alcalde Rafael López Aliaga, han sido empleados en diversas entidades vinculadas al gobierno local. Este hallazgo se torna especialmente significativo en el contexto de las críticas que el burgomaestre ha dirigido a sus opositores, acusándolos de “infestar la Municipalidad de Lima con gente de partidos políticos”.

El informe revela que, tras asumir la alcaldía, 19 de estos militantes fueron contratados. De ellos, 15 ya eran afiliados al partido celeste en el momento de su incorporación, mientras que cuatro se registraron posteriormente. Además, la investigación señala que 13 de estos afiliados ocupan altos cargos de dirección en diferentes organismos de la comuna limeña.

La situación se complica aún más al descubrir que nueve de los 32 militantes tienen antecedentes en la arena electoral, habiendo sido candidatos a alcaldías o regidurías en las elecciones regionales y municipales de 2022. Este dato plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la contratación de personal para la administración pública.

Entre los nombres destacados se encuentra Javier José María Cipriani Thorne, hermano del exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, quien ha sido denunciado por violencia sexual contra un menor. Cipriani Thorne, afiliado a Renovación Popular desde principios de 2024, ocupa el cargo de presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). La investigación de Ojo Público también resalta que, entre enero y abril de 2023, Cipriani Thorne recibió órdenes de servicio de la municipalidad y de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa) por un total de S/54.000, lo que añade una capa más de controversia a su nombramiento.

Publicidad

Estos hallazgos no solo cuestionan la transparencia en la gestión de López Aliaga, sino que también abren un debate sobre la ética en la política local y el uso de recursos públicos para favorecer a militantes de un partido político en detrimento de la meritocracia y la equidad en el acceso a empleos en el sector público.