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Poder Judicial extiende a ocho meses investigación contra ‘Chibolín’ y Elizabeth Peralta.

  • owenvalencia20
  • 2 jul
  • 2 Min. de lectura
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El proceso judicial que implica al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, y a la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta, fue extendido por ocho meses más por orden del Poder Judicial. La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró “fundado” el pedido presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, el pasado 21 de mayo.


Este ampliamiento responde a la complejidad de las diligencias y las circunstancias particulares que rodean la investigación, que involucra presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en contra del Estado. La fiscalía argumentó que el caso presenta dificultades adicionales en la obtención de medios probatorios, dado que estos ilícitos suelen realizarse en clandestinidad, dificultando la contextualización de los hechos y la verificación de su carácter delictivo.


Aunque en los últimos ocho meses se realizaron diligencias como allanamientos, declaraciones y visualizaciones, la fiscalía manifestó que no se lograron completar todos los actos de investigación inicialmente previstos, y que la inclusión de nuevas personas en la pesquisa complicó aún más el proceso. Se destacó que inicialmente el proceso solo involucraba a cuatro personas, pero en el transcurso se sumaron otras dos, aumentando la carga y extensión de las diligencias.


El magistrado Checkley remarcó que la solicitud fiscal fue “razonable y adecuada”, señalando que, una vez cumplido este nuevo plazo, no se podrán solicitar nuevas prórrogas. La decisión busca garantizar una investigación exhaustiva y con todas las posibilidades de recopilar pruebas que puedan sustentar el proceso judicial en marcha.

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Este caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto de creciente atención mediática y social sobre la lucha contra la corrupción en el país y la percepción de impunidad en casos de altos funcionarios públicos y figuras del espectáculo.

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