PJ ordena transferir más de S/ 1,6 millones de Cerrón al Estado: extinción de dominio en acción
- owenvalencia20
- 22 oct 2025
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La Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima decidió, de manera unánime, ordenar la transferencia de fondos superior a S/ 1,6 millones desde dos cuentas bancarias vinculadas a Vladimir Cerrón Rojas a favor del Estado peruano. La resolución ratifica la sentencia emitida por el Primer Juzgado Permanente de Extinción de Dominio el 5 de mayo, que declaró fundada la demanda presentada por el Ministerio Público y sostuvo que los fondos no cuentan con un origen lícito debidamente acreditado.
La decisión de la sala confirma la ruta jurídica de extinción de dominio como mecanismo para asegurar que activos relacionados con conductas ilícitas pasen al patrimonio estatal. En este caso, el tribunal subrayó que las pruebas aportadas por la defensa de Cerrón no lograron desvirtuar la presunta ilicitud de los fondos depositados.
Con esta determinación, más de S/ 1,6 millones serán transferidos al Estado y quedarán bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Esta entidad se ocupa de la administración y posterior disposición de bienes incautados durante procesos judiciales, siguiendo las directrices de la extinción de dominio.
La resolución de la Sala de Extinción de Dominio enfatizó que la medida no depende de una condena penal previa, sino de la constatación de origen ilícito de los activos. En ese marco, se ordenó su transferencia al Pronabi para su gestión y eventual destino conforme a la normativa vigente.
Cerrón, fundador del movimiento Perú Libre, figura como prófugo de la justicia desde hace más de un año, con una orden de captura vigente. Su paradero no ha sido esclarecido desde octubre de 2023, lo que mantiene abiertas las diligencias y las acciones jurisdiccionales y policiales orientadas a localización y rendición de cuentas.
Este fallo, considerado emblemático dentro de la estrategia estatal de lucha contra la corrupción y los delitos financieros de alto impacto, se alinea con otros casos de extinción de dominio que buscan desarticular estructuras cuyo funcionamiento se sostiene fuera del marco legal. La decisión también refuerza la función de las instituciones judiciales para despojar a actores vinculados a posibles ilícitos de activos de origen dudoso.
