Piura: Jueces liberan a “Los Sanitarios de la Corrupción” y ordenan comparecencia con restricciones

Piura vive un giro en un caso de presunta corrupción vinculado al Hospital de Huarmaca. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura dispuso la libertad de los presuntos integrantes del grupo conocido como “Los Sanitarios de la Corrupción”, al revocar la prisión preventiva y ordenar medidas de comparecencia con restricciones para los investigados en el proceso por colusión agravada.

La resolución, identificada como N° 33, fechada el 1 de octubre de 2025, llegó tras la apelación presentada por los abogados defensores. En su fallo, la Sala determinó que, si bien existen elementos de convicción que vinculan a los imputados con irregularidades en el proyecto de “Mejoramiento de los servicios de Salud del establecimiento de Huarmaca”, y pese a que la prognosis de pena podría superar los cinco años de prisión, no se acreditó suficientemente el peligro procesal para mantener la prisión preventiva. En consecuencia, se dispuso que los investigados cumplan con comparecencia con restricciones y, en algunos casos, se estableció el pago de cauciones.

Entre los detenidos figura Saúl Labán Zurita, a quien se le asignó un monto de caución de S/ 100,000. La resolución señala que, aunque el Ministerio Público sostiene que la firma de la adenda 10 fue determinante para efectuar pagos de valorizaciones que dañaron económicamente al Estado, la Sala concluyó que esa prueba no demuestra de forma suficiente un riesgo de fuga o de obstrucción que justifique la prisión preventiva en este momento del proceso. Labán Zurita también enfrentó una declaración de que la medida sería “suficiente y menos lesiva para asegurar la presencia del imputado en el proceso”.

El ingeniero Wilmer Vise Ruiz, quien ya terminó un periodo de prisión preventiva anticipada tras reconocer hechos materia de la investigación, también recibió un reacomodo. La Sala consideró que no existen elementos para sostener que represente un peligro de fuga u obstaculización y, por ello, ordenó la suspensión de la prisión preventiva y la imposición de una caución de S/ 100,000 —caución ya cancelada en su caso.

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Otros implicados, entre ellos Andrés Palomino Rosas, Rodolfo Jiménez Vilcherrez, Shirley Sarango Ramos, Miriam Acuña Tenorio, Diego Quispe Centurión y Arturo Delgado Vizcarra, quedaron sujetos a medidas de comparecencia restringida y a consideraciones por su estado de salud (incluido un infarto), que fue mencionado como factor para las restricciones. En tanto, Walter Mendoza Paulini y Eduardo Sumarriva Lezama mantuvieron arraigo domiciliario o condiciones que, a juicio de la Sala, no evidenciaban peligro de fuga.

La Sala declaró infundada la apelación contra Barreto Querevalú y fundado el recurso de apelación de las defensas de los exfuncionarios. Este fallo, que modifica la situación procesal de los imputados, se inscribe en la disputa legal sobre el caso de presunta colusión en un proyecto de inversión de más de 80 millones de soles destinado a mejorar servicios de salud en Huarmaca, con contratiempos que habrían involucrado equipamiento médico no recibido y múltiples adendas.

Las partes involucradas aún deben enfrentar el proceso penal, sujeto a las restricciones y condiciones impuestas por la resolución. Este giro en la cobertura judicial subraya la complejidad de los hechos, la revisión de pruebas y la necesidad de un debido proceso en un caso que ha generado controversia y debate público en Piura.