Perú defenderá en la OEA su postura respecto al asilo de Betssy Chávez pese a condena

El canciller Hugo de Zela viajará a Washington el próximo miércoles 3 de diciembre para presentar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la posición oficial del Perú respecto al asilo de Betssy Chávez, exministra del Gobierno de Pedro Castillo, quien se encuentra resguardada en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre.

La agenda diplomática se inscribe en una notable continuidad de la postura peruana frente al caso, a pesar de la reciente condena de la exministra a 11 años de prisión por su presunta participación en los hechos que se atribuyen al fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el canciller adelantó que su intervención ante la OEA tendrá lugar a las 10 a.m. del día señalado y subrayó que la sentencia no altera la posición del Ejecutivo.

“Estaré viajando a Washington y esa presentación la voy a hacer el miércoles de la próxima semana a las 10 a.m.”, informó el canciller, enfatizando que el fallo judicial no modifica la postura oficial del Gobierno peruano sobre el caso. Añadió que Betssy Chávez continúa siendo una solicitante de asilo en la Embajada de México y que la posición pública del país permanece intacta, en línea con las consideraciones ya expuestas por las autoridades peruanas. La declaración vino acompañada por la aclaración de que la medida de búsqueda, ubicación y captura está vigente a nivel nacional e internacional, en coordinación con las obligaciones y limitaciones que imponen los tratados internacionales.

En la misma jornada, otras voces oficiales apuntaron a una discusión sobre posibles reformas a la Convención de Caracas. José Jerí, funcionario político, adelantó que la delegación peruana podría plantear modificaciones para evitar interpretaciones tergiversadas de la figura del asilo. “Lo hemos coordinado con el señor canciller; lo que buscamos es evitar la tergiversación de la figura del asilo. No nos vamos a pronunciar aún sobre el salvoconducto”, explicó Jerí.

Añadió que, si no se entrega el salvoconducto, no podría viajar a México, una consecuencia lógica de los acuerdos y obligaciones internacionales.

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Por su parte, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional, tras confirmar la condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La resolución, que también alcanza a otros implicados, incluyó una inhabilitación de dos años para ejercer funciones públicas. El Poder Judicial justificó la medida con base en su rol en la coordinación del plan que llevó al intento de golpe.

El Gobierno peruano ha reiterado, en distintas intervenciones públicas, que no ingresará a la sede diplomática mexicana para detener a la exfuncionaria, apelando a criterios jurídicos y diplomáticos sobre la legalidad de interceptar a una persona dentro de una embajada. Autoridades destacaron la necesidad de respetar el marco legal y señalaron la tensión entre la necesidad de hacer cumplir las decisiones judiciales y el principio de la protección diplomática.