Operación de mandataria pone en jaque la legalidad de su gestión

Las declaraciones surgieron luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola informara que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio de 2023.

Otárola, quien se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, reveló que la jefa de Estado, a pesar del procedimiento, continuó cumpliendo con sus responsabilidades, trabajando "virtualmente" durante su recuperación. "Es de conocimiento público que la presidenta efectivamente pasó por una operación. Pese a esto, no desatendió sus funciones y participó en sesiones virtuales del Consejo de ministros", comentó.

Frente a cuestionamientos acerca de quién lideró el país durante la convalecencia de Boluarte, varios expertos en derecho constitucional expresaron sus opiniones sobre si hubo o no una infracción a la Constitución Política. Otárola insistió en que la mandataria siguió trabajando de forma remota mientras se recuperaba.

¿Qué pasa al ser operada y ausentarse del cargo presidencial?

El abogado constitucionalista Roberto Pereira advirtió en Canal N que la situación médica de Dina Boluarte y las afirmaciones de Otárola plantean "implicancias constitucionales muy serias". En su análisis, Pereira enfatizó que, si no hay un primer o segundo vicepresidente, la presidenta debe informar al Congreso sobre su estado de salud.

"Lo que dice la Constitución Política es que la presidenta debe comunicar al Congreso de la República, en el supuesto de que no exista un primer o segundo vicepresidente, para que califique si, efectivamente, estamos ante una situación o no de incapacidad temporal por asuntos médicos. Y en esos supuestos, el Congreso declara la incapacidad temporal y la suspensión en el cargo del presidente de la República y se reemplaza por el presidente del Congreso. Ahora entendemos por qué negaba esta asistencia médica", declaró.

Además, Pereira sugirió que el Parlamento debería investigar lo ocurrido en junio de 2023 para aclarar la naturaleza de la cirugía. También mencionó que, si la intervención significó una incapacidad moral, se confirmaría que la presidenta infringió los artículos 114 y 115 de la Constitución.Por su parte, el profesor Heber Joel Campos, abogado y profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), calificó la intervención quirúrgica de Boluarte como un "asunto grave", ya que debe ser comunicado al Congreso para evitar un vacío de poder. Según él, la incapacidad temporal de la presidenta también activaría la regla de sucesión establecida en el artículo 115.