Nueva ley permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años en delitos graves
- owenvalencia20
- hace 3 días
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La reciente promulgación de la Ley 32330 por parte del Gobierno de Dina Boluarte ha provocado un intenso debate en torno a la gestión de la seguridad ciudadana y la responsabilidad penal de los menores de edad. La norma, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (CRPA), permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en delitos graves, como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo, y que sean internados en penales comunes.
Actualmente, en el país hay 1,401 menores entre 16 y 17 años recluidos en centros de rehabilitación, de acuerdo a cifras de la última estadística. La mayoría de estos adolescentes —más de la mitad— están allí por delitos relacionados con robo agravado, violación, tráfico de drogas, extorsión y homicidio calificado. La nueva ley, que fue aprobada por el Congreso y elaborada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, establece que en casos de delitos de extrema gravedad, los menores desde los 14 años podrán recibir medidas de internamiento de hasta ocho años.
El argumento oficial, respaldado por algunos congresistas como Juan Burgos, es que el país “se ha vuelto ingobernable” y que “la política en seguridad ciudadana no ha dado resultados”, por lo cual, según sus palabras, “se debe actuar con firmeza” y “dar una respuesta real” a esta problemática. Sin embargo, críticos como Leonardo Caparrós, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, advierten que esta medida podría ser contraproducente. “No se trata de criminalizar a los menores, sino de prevenir y ofrecerles oportunidades de reintegración social”, sostiene, y añade que, con esta normativa, “las organizaciones criminales buscarán a menores desde los 12 años”, para aprovechar vacíos legales y reducir aún más la responsabilidad penal.
Por su parte, el juez superior Christian Hernández, de la Comisión de Implementación del CRPA del Poder Judicial, señala que la ley en cuestión “contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño”, y que de esta forma, el Estado estaría vulnerando derechos fundamentales consagrados internacionalmente y en la Constitución peruana.
Desde la perspectiva estadística, la realidad es que la delincuencia juvenil en el Perú preocupa, pero ¿es la respuesta a esa problemática la sanción con penas de adultos? La ley busca, según sus defensores, “ser más duro contra la criminalidad”, pero críticos y diversos organismos, incluyendo al Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, han cuestionado su constitucionalidad y eficacia.
El debate continúa abierto: mientras algunos ven en esta medida una forma de reducir la inseguridad, otros advierten que puede profundizar la vulnerabilidad social y criminalizar a menores que, en su mayoría, enfrentan contextos de violencia familiar, carencias sociales y vulnerabilidad. La discusión se centra en si, en realidad, el endurecimiento legal puede ser más un reflejo de populismo que una solución efectiva.
