Testigo protegido vincula a Santiváñez con gestiones privadas desde el Ministerio del Interior

En una revisión periodística basada en documentos y testimonios obtenidos por fuentes protegidas, surgen detalles que alimentan la investigación sobre una posible continuidad operativa de un estudio jurídico vinculado a Juan José Santiváñez, incluso tras haber asumido funciones como ministro del Interior. La información, recogida en un reportaje de Cuarto Poder y consolidada por la Fiscalía, sugiere que ciertas gestiones para favorecer a clientes habrían seguido ejecutándose a través de terceros, en horarios nocturnos y en lugares alejados de la vista pública.

La investigación, que aún está en curso, busca esclarecer si estas acciones vulneraron los principios de imparcialidad y probidad que exige el cargo público, y si existiría una estructura organizada que aprovechó la posición ministerial para beneficio privado. En los elementos documentales presentados, el testigo protegido aportó fotografías, conversaciones de mensajería y descripciones de reuniones que, según la versión judicial, evidencian un control sostenido del estudio legal desde fuera de la oficina oficial.

Entre las personas señaladas en la pesquisa figura Percy Tenorio, exfuncionario de seguridad retirado y colaborador cercano de Santiváñez. Según el testimonio, Tenorio habría facilitado el acceso a las instalaciones donde, supuestamente, se continuaron gestionando casos y movimientos de expedientes. El sitio señalado, ubicado en San Isidro, habría sido el escenario de la guarda de equipos y documentos cuyo hallazgo podría complicar la posición del Ministerio del Interior frente a la fiscalía.

Este caso se vincula con otras investigaciones y reportajes previos que ya habían advertido sobre posibles coordinaciones irregulares y la presencia de figuras asociadas al entorno del expresidente Dina Boluarte en direcciones clave. En particular, el testigo protegido mencionó la participación de una persona identificada como Nicanor Boluarte en operaciones del estudio, lo que ha hecho que el tema regrese al centro de la discusión pública y política.

De acuerdo con el testigo, Santiváñez no solo habría mantenido control directo del estudio: también habría participado en reuniones con clientes durante su mandato. Las afirmaciones señalan que estas gestiones tendrían como finalidad favorecer intereses privados, aprovechando una posición oficial para influir en decisiones o actuaciones administrativas. Este relato se integra a las pesquisas de la Fiscalía, que evalúan si existió una estructura organizada que actuaba paralelamente a las funciones públicas.

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El testimonio detalla además el traslado del estudio jurídico a las oficinas de Tenorio, en una dirección de la ciudad donde habría quedado resguardada parte de la documentación y equipos relevantes para la investigación. Entre los objetos mencionados se encuentran dispositivos que, según el testigo, debían permanecer fuera del alcance de posibles allanamientos fiscales. En ese marco, las narrativas apuntan a un manejo reservado de expedientes y a un fortalecimiento de vínculos con actores policiales para facilitar acceso a información sensible.

La historia, que continúa desarrollándose, coloca a Santiváñez en una encrucijada entre su trayectoria pública y las alegaciones de irregularidades vinculadas al estudio jurídico. Mientras la Fiscalía profundiza en las diligencias, el panorama político lo ubica en una coyuntura de remoción de sospechas o de proyección parlamentaria, dada su intención de competir por un escaño en el Senado dentro de la Alianza para el Progreso. Las próximas semanas serán determinantes para entender si estas acusaciones se consolidan como hechos probados o si se mantienen en el terreno de las pesquisas.