Medidas de emergencia para transporte: Congreso impulsa registro de empresas vulnerables y intervención de rutas
- owenvalencia20
- 24 oct
- 2 Min. de lectura
El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 12723, que propone un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato dentro de las empresas de transporte público y de carga. La votación culminó con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. La norma fue exonerada de segunda votación y consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, a cargo de la Presidencia de la República, José Jerí Oré, y dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, así como de Transportes y Comunicaciones. Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes Fonseca, subrayó la urgencia de una acción estatal excepcional frente a un fenómeno criminal estructural que afecta a la economía popular y al tejido social.
Paredes Fonseca enfatizó que el texto fue elaborado con la colaboración de entidades del Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y representantes de los gremios de transportistas. “Las extorsiones y sicariatos en el transporte público vulneran no solo la estabilidad económica de las familias, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, afirmó la parlamentaria.
La presidenta de Defensa Nacional apuntó que estas medidas no buscan sustituir el marco penal existente, sino reforzarlo mediante herramientas de inteligencia, supervisión y cooperación interinstitucional. “Esta ley representa una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, indicó que el dictamen recoge los acuerdos alcanzados en siete mesas de trabajo con diversas entidades públicas y gremios del sector. Mori Celis añadió que el documento documenta más de 128 víctimas de atentados ocurridos entre agosto de 2024 y octubre de 2025, con 65 fallecidos en Lima y el Callao, advirtiendo que el cobro de cupos se ha transformado en un sistema criminal de control económico y territorial, lo que justifica la aprobación de estas medidas.
En la lectura final, las autoridades destacaron que el objetivo central es fortalecer la cooperación entre entidades y dotar a las autoridades de herramientas más ágiles para prevenir y reprimir la extorsión y el sicariato, sin desbordar el marco penal vigente. Se espera que el texto pase a su segunda votación en caso de requerirse algún ajuste menor, o sea, podría entrar en vigencia conforme a su procedimiento legislativo.
