Informe en el Congreso pide investigar a Boluarte por irregularidades.

El informe final del caso de las cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte fue aprobado por la mayoría del Congreso en una sesión que reflejó la polarización del momento. De los 18 congresistas presentes, nueve votaron a favor, tres se abstuvieron y cinco optaron por no responder, mientras que algunos en licencia también participaron en la deliberación, evidenciando la relevancia del tema para la política nacional.

El resultado fue una muestra clara del debate que ha dividido a los legisladores en torno a si las conductas de la mandataria constituyen una infracción constitucional suficiente para justificar su vacancia. El laxo apoyo a la propuesta refleja, en parte, la división interna del Congreso en temas de ética, transparencia y control político.

Entre los votos favorables se encuentran nombres destacados como Juan Burgos, Pasión Dávila, Patricia Chirinos, Margot Palacios, y otros, que consideran que el caso de las cirugías refleja un posible incumplimiento de la Constitución y del principio de probidad. En consonancia, varios representantes, incluido Burgos, han recomendado fortalecer la capacidad de fiscalización del Congreso. En su informe final, sugieren que el Pleno evalúe otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, para así superar las limitaciones actuales y garantizar una respuesta eficaz ante hechos similares en el futuro.

Asimismo, el documento propone modificar el inciso 2 del artículo 88 del Reglamento del Congreso, con la finalidad de que la Comisión de Fiscalización pueda actuar sin necesidad de solicitar facultades caso por caso, lo que fortalecería su independencia y eficiencia. Estas recomendaciones buscan promover mayor transparencia y control del Estado, promoviendo también un cambio estructural en la fiscalización parlamentaria.

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Por otra parte, el informe recomienda remitir el caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar si las acciones y posibles omisiones de Boluarte constituyen infracciones constitucionales. Además, sugiere que la Fiscalía de la Nación inicie investigaciones preliminares por delitos como Omisión de Funciones y Falsedad Ideológica, ante la posible constatación de irregularidades que comprometen la conducta de la presidenta.

Finalmente, se indica que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, deberá rendir cuentas ante el Pleno en la próxima legislatura sobre los avances del caso, en una acción que contribuiría a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso. Esto, aseguran, es fundamental para que hechos de alta relevancia no queden en la impunidad y el control democrático sea efectivo.