Gasoducto Sur: Administración asigna 291.600 soles para defensa legal de Humala.
- owenvalencia20
- 10 nov
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El Gobierno que encabeza José Jerí autorizó la destinación de 291.600 soles para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, en el contexto de las investigaciones relacionadas con el denominado Caso Gasoducto Sur. La decisión, publicada en documentos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y verificada por este medio, se reactiva después de que Humala Tasso presentara, el 11 de agosto, una solicitud formal para recibir asesoría y defensa jurídica en el proceso penal que tramita ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La iniciativa se produce días después de que Humala fuera sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión en relación con el caso de aportes presuntamente ilegales en las campañas de 2006 y 2011. Según las investigaciones de la Fiscalía, el expresidente habría recibido aportes de la empresa Odebrecht y su matriz OAS, aportes que, a juicio del Ministerio Público, podrían haber influido en decisiones de gobierno durante su mandato.
El 7 de noviembre, según el registro de SEACE obtenido por este diario, se convocó una licitación para la contratación de estudios de abogados que ofrezcan la defensa del exmandatario. Se indica que la convocatoria corresponde a una buena pro para patrocinar al expresidente en el proceso penal señalado, lo que sugiere un proceso de selección adherido a los procedimientos habituales de contratación pública.
La Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, expedida el 19 de agosto, señaló que el pedido cuenta con el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Con ello, se confirmó la procedencia de asignar una defensa legal para Humala en el marco del proceso judicial en su contra.
El caso Gasoducto Sur, central en este expediente, involucra acusaciones de colusión y de favorecer de manera presuntamente ilícita a un consorcio específico en la adjudicación de un proyecto de infraestructura energética. La fiscalía sostiene que el expresidente habría intervenido en resoluciones y decisiones conjuntas con otros funcionarios para beneficiar, presuntamente, a dicha empresa. En junio, la Fiscalía formalizó la acusación contra Humala y Nadine Heredia, ex primera dama, solicitando una pena que, en conjunto, podría superar décadas de prisión para distintos implicados.
Además de Humala y su esposa, la acusación alcanza a otras 19 personas, con peticiones de penas que oscilan entre 9 y 35 años de prisión para cada uno, de acuerdo con la calificación de los hechos y la responsabilidad atribuida a cada procesado. Este marco procesal mantiene un alto grado de atención mediática y pública, dada la trayectoria política de Humala y la resonancia del caso en el debate sobre la transparencia de las contrataciones públicas y la gestión de conflictos de interés en la administración estatal.
La administración actual autorizó una partida para la defensa legal del expresidente en un caso que continúa abierto en instancias judiciales, mientras la fiscalía continúa con su investigación y la defensa de Humala presenta sus argumentos ante el tribunal correspondiente. El desarrollo de las próximas semanas podría incluir la presentación de ofertas por parte de estudios jurídicos para la representación legal y posibles movimientos procesales que impacten el curso del caso.
