Fiscalía presenta denuncia contra presidenta y exministros por violencia en protestas.

La Fiscalía de la Nación ha presentado ante el Congreso de la República una denuncia constitucional que involucra a la presidenta Dina Boluarte y a varios de sus exministros, acusándolos por su presunta responsabilidad en la comisión de lesiones graves y leves durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La denuncia busca que el Congreso inicie un proceso de investigación y, de ser necesario, un juicio político contra los investigados.

Entre los funcionarios señalados en la denuncia también están Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. La acusación surge a raíz de los hechos ocurridos en varias regiones, como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno, así como en Lima Metropolitana.

El Ministerio Público informó que la denuncia está fundamentada en la identificación de 75 víctimas que resultaron heridas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en un contexto en el que, según las investigaciones, la presidenta y los demás acusados tenían pleno conocimiento de los hechos. La fiscalía señala que las acciones habrían sido legitimadas por la autoridad política, en este caso, la presidenta Boluarte, y los otros funcionarios mencionados, lo que refuerza la gravedad de la acusación.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de evaluar la denuncia, será la encargada de emitir un informe que luego será presentado ante el pleno del Congreso. La decisión de avanzar con el proceso dependerá del análisis que realicen los legisladores en los próximos meses. La Fiscalía ha insistido en que la denuncia busca que se determine la responsabilidad de los involucrados en un contexto de violencia y violaciones graves a los derechos humanos.

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Desde distintos sectores políticos y sociales, la denuncia ha generado debates sobre los límites del accionar del Estado en el control de protestas y sobre las responsabilidades del poder Ejecutivo y sus ministros en estos hechos. La situación se mantiene en la mira de la opinión pública y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que demandan justicia y claridad sobre la actuación durante esos días de movilización social.

Este proceso judicial evidencia la gravedad de las acusaciones y el compromiso del Ministerio Público en investigar hechos que, según su percepción, vulneraron gravemente los derechos de varias personas. La denuncia constitucional representa un paso importante en la fiscalización del accionar del Estado y, en su caso, en la búsqueda de justicia para las víctimas de las protestas en distintas regiones del país.