Fiscalía pide al Congreso reabrir denuncia contra Boluarte por caso Rolex.

La Fiscalía de la Nación ha presentado una solicitud ante el Congreso de la República para que se reconsidere el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, en relación al Caso Rolex. La petición fue tramitada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, argumentando que en el proceso legislativo anterior se habrían cometido "graves vicios procesales" que ameritan su nulidad. La Fiscalía solicita que se deje sin efecto la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de archivar la denuncia, y que, en su lugar, se suspenda el trámite parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial, con el objetivo de garantizar una actuación ajustada a Derecho.

La mandataria está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, en un caso que ha cobrado gran relevancia pública. La Fiscalía sostiene que existen irregularidades en el proceso parlamentario que, según consideran, generan un precedente de inseguridad jurídica y vulneran principios fundamentales del Estado de Derecho. En particular, la institución apunta que, aunque inicialmente el Congreso admitió y debatió la denuncia sin cuestionar la competencia constitucional, finalmente se aplicó de manera arbitraria el argumento del artículo 117 de la Constitución para justificar el archivo del proceso.

El Ministerio Público denuncia que la decisión de archivar la denuncia se basó en una interpretación inconsistente del marco legal, ya que si el artículo 117 realmente impedía la acusación, el trámite debería haberse suspendido desde un principio. Sin embargo, el proceso completó todas sus etapas y solo al final se invocó dicha norma, lo que, a su juicio, constituye un doble estándar y una interpretación judicialmente insostenible.

En declaraciones, la Fiscalía recordó que todo el proceso fue aprobado y debatido por las órganos del Congreso, sin que desde un inicio se haya cuestionado la supuesta incompetencia constitucional. "Si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el procedimiento parlamentario debió suspenderse desde el primer momento", señalaron. En esa línea, apuntaron que, en todas las etapas, el proceso fue sometido a análisis y debate, salvo en su resolución final, que se buscó justificar en la normativa constitucional.

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La oposición y algunos sectores del Congreso que respaldan la denuncia argumentan que existen fundamentos sólidos para seguir investigando a Boluarte en este caso, mientras que sus detractores consideran que toda acción en su contra busca distraer y deslegitimar su gestión. La reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó por mayoría el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendando el archivo, fue duramente criticada por quienes ven en ella un acto de doble estándar que podría socavar el principio de legalidad.

La Fiscalía, por su parte, insiste en que el camino correcto es que el Congreso reevalúe la decisión, considerando las irregularidades identificadas, y que garantice un proceso justo y conforme a Derecho. La solicitud de nulidad y suspensión busca evitar que se configure un precedente de inseguridad jurídica que pueda afectar otros procesos similares en el futuro.