Fiscalía investiga a extranjeros por presunto atentado a la soberanía en Santa Rosa, Loreto

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla abrió una investigación preliminar contra dos ciudadanos extranjeros, identificados como Carlos Sánchez y John Amia, y contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. La pesquisa, que sigue ampliándose, busca esclarecer los motivos, alcances y circunstancias de las actuaciones atribuidas a los implicados en la zona sur de la isla Santa Rosa, en Loreto.

Según explicó el fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, las investigaciones se centran en indicios que señalan que los individuos habrían realizado estudios topográficos en un área clave de la isla con la finalidad de determinar límites territoriales. En ese contexto, los topógrafos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Santa Rosa. Las actuaciones pretenden esclarecer si existió intención de delimitar o redefinir el territorio peruano como parte del territorio colombiano, o si se trató de una labor de levantamiento geográfico con otros fines.

Entre las diligencias ordenadas por la autoridad fiscal figuran la inspección técnico policial del lugar, el registro de videos de las personas involucradas y de los efectivos que realizaron la detención, así como la recopilación de sus declaraciones. Además, se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Migraciones para conocer los detalles de su ingreso al país y cualquier otra documentación migratoria relevante.

La investigación continúa en curso, y las autoridades han reiterado que se reserva la identidad de los involucrados hasta la conclusión de las actuaciones para evitar posibles riesgos de seguridad o de intimidación. En declaraciones oficiales, la Fiscalía precisó que se seguirán recabando elementos de prueba para determinar los hechos y, en su oportunidad, determinar responsabilidades y medidas correspondientes.

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La situación en Santa Rosa, de alto valor estratégico y ecológico, ha generado atención de comunidades locales y de autoridades regionales, que han pedido prudencia y cooperación institucional para evitar escaladas o malinterpretaciones. Se espera que las próximas actuaciones procesales aporten claridad sobre el alcance de las investigaciones y el marco jurídico aplicable.