Fiscalía asegura que casos contra Boluarte se reactivarán tras su mandato, no hay prescripción.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó que las investigaciones y denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte permanecerán vigentes y podrán reactivarse en cuanto concluya su mandato, que culminará el 28 de julio de 2026. En declaraciones a los medios, Espinoza explicó que, aunque actualmente esas causas han sido derivadas al Congreso, los archivos de las mismas no tienen efecto jurídico debido a la protección que otorga la inmunidad presidencial vigente, la cual impide que dichas investigaciones sean activadas en el plano judicial mientras la mandataria continúe en funciones.

“El Congreso tiene conocimiento que, por la inmunidad, no puede tramitar esas carpetas. Algunas han sido archivadas de manera apresurada, pero eso no significa que las investigaciones hayan sido cerradas; como no hay cosa juzgada, deben ser retomadas en el momento adecuado”, señaló la fiscal. Añadió que la acción penal en diferentes casos se mantiene en curso y que el Ministerio Público tiene la voluntad de seguir investigando presuntos delitos que puedan estar vinculados a la gestión de Boluarte, en respeto a la independencia del sistema de justicia.

Espinoza aclaró que el trabajo de la fiscalía no busca una persecución personal, sino que se basa en el cumplimiento de su función constitucional: “Nuestro rol es investigar delitos, no a personas. Esa es una labor que todos los fiscales del país debemos cumplir con objetividad y sin condicionamientos. Eso no cambiará”, enfatizó.

Respecto a la inmunidad presidencial, la fiscal precisó que mientras Boluarte sea presidenta, ningún proceso judicial podrá activar formalmente alguna investigación en su contra. Sin embargo, aseguró que dichas carpetas no han sido eliminadas ni prescritas, y que seguirán vigentes hasta que se levante esa protección legal tras el fin de su mandato. “No hay ninguna prescripción en los casos, solo estamos a la espera de que la inmunidad sea levantada”, afirmó.

Por otro lado, Espinoza se refirió al tema del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Aunque afirmó no haber sido consultada por el Ejecutivo ni por el Congreso al respecto, consideró que sería importante que los órganos constitucionales que tienen autonomía, como el Ministerio Público, emitan una opinión técnica al respecto. Además, advirtió que abandonar la CIDH pondría en riesgo la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos, dejando a la ciudadanía desprotegida ante posibles violaciones.

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“Esta normativa internacional forma parte del derecho interno peruano y, aunque es una decisión soberana, una eventual salida del sistema interamericano dejaría a toda la población sin protección efectiva. No se trata solo de un grupo, sino de toda la ciudadanía”, sostuvo.

En relación con el fallecimiento de un exgerente vinculado a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, Espinoza informó que el caso continúa en manos de una fiscalía provincial especializada. Confirmó que, una vez que haya avances relevantes en la pesquisa, se brindará la información correspondiente a los medios, en un ejercicio de transparencia que caracteriza a la fiscalía en todos sus procesos.

La fiscal finalizó asegurando que su voluntad es mantener abiertas y transparentes todas las investigaciones y que, en su momento, serán públicas las decisiones y resultados de los distintos casos en curso.