Fiscales superiores rechazan fallo que restituye a Patricia Benavides.

La tensión en el Ministerio Público alcanzó un punto crítico este lunes, luego de que los fiscales superiores coordinadores nacionales emitieran un enérgico pronunciamiento rechazando la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de devolver a Patricia Benavides a su cargo como fiscal de la Nación. La misiva, divulgada esta tarde, expresa su rechazo a lo ocurrido en la sede de la institución, donde Benavides intentó, sin éxito, retomar funciones en medio de una crisis institucional que ha puesto en jaque la autonomía del Ministerio Público.

En su declaración, los fiscales superiores calificaron como un “agravio” lo ocurrido en la mañana en la Av. Abancay, recordando que el 18 de octubre de 2024 eligieron a Delia Espinoza como la fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027, en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución. La decisión de la JNJ, que a solo días de su fallo fue rechazada por altas autoridades del Ministerio Público, viola las disposiciones constitucionales y la voluntad institucional de los fiscales superiores, sugiriendo una desnaturalización de la autonomía del ente que lidera Espinoza.

Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no tardó en pronunciarse públicamente. Desde la sede del Ministerio Público, afirmó que se trata de “un golpe a la democracia” y alertó sobre un intento de desalojarla por la fuerza del cargo que fue constitucionalmente elegida. Además, denunció que están intentando retirar su seguridad y resguardo personal, una medida que, según dijo, pone en riesgo su integridad y la continuidad del Estado de Derecho.

“Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui electa constitucionalmente. Esto es un golpe a la democracia”, afirmó Espinoza, minutos antes de abandonar la sede del Ministerio Público sin ofrecer declaraciones adicionales. La tensión en la institución continúa, y la comunidad nacional e internacional observa con preocupación el curso de los hechos en un momento crucial para el sistema de justicia peruano.

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La respuesta de los fiscales superiores refleja la gravedad de la crisis, que no solo pone en entredicho la legitimidad de la decisión de la JNJ, sino que también revela una profunda división dentro del Ministerio Público. La legitimidad y la independencia de las instituciones democráticas están en juego, y el desenlace de esta historia será determinante para el futuro del Estado de Derecho en el Perú.