Fiscal de la Nación: “no hay saldos” para subir sueldos de fiscales; pide recursos para 2026-2028

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un reclamo formal que cuestiona la posibilidad de ejecutar el incremento salarial para fiscales titulares, tal como dispuso el Congreso de la República. La razón central es que la Fiscalía no cuenta con el presupuesto institucional necesario para cubrir ese aumento, una respuesta que genera fricción entre los órganos de control, el Legislativo y la propia administración fiscal.

El jueves 21 de agosto, el Pleno del Parlamento, al aprobar por insistencia la extensión de la bonificación que gozan los jueces, buscó equiparar a los fiscales titulares con ese beneficio. Dicha medida está vinculada a la Ley Nº 32164, cuyo artículo 158 de la Constitución establece que los miembros del Ministerio Público deben gozar de los mismos derechos, prerrogativas y obligaciones que los del Poder Judicial, incluyendo salarios.

Aunque la norma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, Espinoza envió un oficio al titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes, exponiendo las razones para no ejecutar el aumento en este momento. En su escrito, la fiscal sostiene que, “en el tercer trimestre del año 2025, para atender la citada propuesta legislativa, se advierte que no se cuentan con los referidos saldos”, lo que refleja la insuficiencia de recursos para atender el incremento.

La fiscal recuerda, además, que ha solicitado un aumento de fondos adicional para el periodo 2026-2028, petición que, hasta la fecha, no ha sido atendida. En su documento, Espinoza Valenzuela subraya que la ley indica que la Fiscalía debe respaldar ese aumento remunerativo con recursos propios. “Su representada (el MEF) debe tener en consideración que nuestra entidad no cuenta con los recursos necesarios para afrontar este financiamiento para el año 2026, cuyo costo mensual es de S/21,836,884 y anualmente S/262,042,612, por lo que solicitamos que el MEF nos asigne mayores recursos presupuestales”, agrega.

La culminación del reclamo ha llevado a Espinoza a exigir al Congreso y al MEF “sostener mesas técnicas de trabajo y consensuar sobre los objetivos del Estado peruano”. Esta postura ha generado malestar entre parte del cuerpo fiscal, que acusa a la titular del Ministerio Público de anteponer su gestión a los salarios de magistrados.

En la actualidad, la estructura remunerativa prevista por la nueva ley contempla que los fiscales adjuntos supremos y los fiscales superiores titulares perciban el equivalente al 80% del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público, cifra que este año se sitúa en S/ 2,600. Por su parte, los fiscales adjuntos superiores y los fiscales provinciales titulares recibirían un 62% de ese monto, y los fiscales adjuntos provinciales titulares, un 40%.

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Espinoza Valenzuela insistió en que la ley debe financiarse con recursos propios de la Fiscalía, enfatizando la necesidad de un incremento presupuestal claro para 2026. Su posición ha generado un debate entre quienes señalan trabas para la mejora salarial de un sector clave para la institucionalidad y quienes defienden la necesidad de una planificación presupuestal más rigurosa y coordinada con el MEF y el Legislativo.

En resumen, la conversación sobre el aumento de sueldo para fiscales llega a un punto de inflexión: hay un mandato constitucional que empuja a equiparar derechos y remuneraciones con el Poder Judicial, pero existen dudas sustantivas sobre la disponibilidad de recursos para sostener esa medida en el corto y mediano plazo. El desenlace dependerá de las próximas reuniones técnicas entre Congreso y MEF, así como de la respuesta presupuestal que emita el Ejecutivo.