El Presidente propone un año de extensión para el Reinfo y descarta dos años más

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció este martes sobre el debate en torno a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), línea de acción que ha suscitado discusiones en el Congreso y entre distintos sectores de la sociedad. En su intervención, Jerí sostuvo que una extensión de un año para la vigencia del Reinfo resulta “razonable”, mientras que la propuesta de prolongarla hasta diciembre de 2027 —dos años adicionales— no encuentra respaldo en su lectura de la situación actual.

“Me parece un año. Me suena razonable… Dos años no, un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una situación complicada al próximo gobierno”, afirmó el jefe de Estado durante su participación en el programa El Valor de la Verdad. La declaración fue revisada en el contexto de una coordinación que, según dijo, debe realizarse con el presidente del Consejo de Ministros y con el Ministerio de Energía y Minas para evaluar el marco final de la decisión.

El mandatario subrayó, además, que “no estoy a favor de más ampliaciones, pero hay familias que dependen”. En esa línea, reconoció que la realidad social no puede ignorarse, aun cuando su posición personal se mantenga firme en no ampliar más allá de la última versión vigente. “Pese a que no estoy a favor de la medida, hay una realidad: hay familias que dependen de esa actividad… tendría que verse la última extensión, pero esta vez de verdad, pero no dos años”, explicó.

Jerí también criticó la efectividad del Reinfo hasta la fecha, señalando que, a su juicio, no ha logrado cumplir plenamente su finalidad y que, en su visión, ha permitido cierto resquicio a la minería ilegal. “Creo que hay un exceso de tiempo. No considero que deba verse dos años”, añadió.

El contexto político sitúa la discusión en la bancada parlamentaria, donde la Comisión de Energía y Minas aprobó, por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. Junto con esa medida, el grupo también aprobó suspender el procedimiento de exclusión aplicado en junio de este año, que afectó a cerca de 50 mil inscritos. Sin embargo, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) aclaró que la suspensión no beneficiará a quienes tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas o sanciones por actividades extractivas ilegales en zonas restringidas.

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La discusión continúa en el Ejecutivo, que ha reiterado la necesidad de avanzar en la formalización minera, pero con mecanismos que no sirvan de paraguas para la proliferación de actividades ilícitas. En las próximas semanas, se espera que el Gobierno defina si respalda la propuesta del Congreso o si presenta una alternativa que ajuste la posición oficial a criterios de depuración, control y formalidad.

El despegue de la agenda de formalización queda en la cuerda floja entre la necesidad de proteger a las familias que dependen del sector y la exigencia de mantener un marco de control riguroso que evite irregularidades y minería ilegal. El desenlace dependerá de la coordinación entre los poderes del Estado y de la capacidad de articular una solución que combine justicia social con rigor regulatorio.