Ejecutivo oficializa norma para suspender líneas móviles vinculadas a delitos

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, que define los lineamientos para la baja o suspensión temporal de servicios públicos móviles y el bloqueo de equipos terminales vinculados a la comisión de delitos. La medida, refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, busca fortalecer la respuesta del Estado ante hechos delictivos que impliquen el uso de dispositivos móviles.

Entre los aspectos centrales del decreto se establece que entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio Público, el Poder Judicial y Osiptel coordinen de forma directa la ejecución de bloqueos y suspensiones. En ese marco, las autoridades deben designar, en un plazo máximo de dos días hábiles, a los funcionarios responsables de remitir los reportes de servicios móviles y/o de equipos terminales vinculados a delitos para su baja o bloqueo.

Los reportes se deben remitir a través del sistema de transmisión de información desarrollado por Osiptel, indicando, como mínimo, la entidad solicitante y el delito asociado. Una vez recibido el reporte, Osiptel tiene un plazo máximo de un día calendario para requerir a la operadora la ejecución de la medida solicitada. La operadora, por su parte, tiene un plazo no mayor a un día calendario desde la recepción del requerimiento para cumplir con la baja del servicio o el bloqueo del equipo.

El decreto también establece que la entidad solicitante debe recibir un informe de la ejecución y mantener un registro detallado de cada solicitud de baja o bloqueo, incluyendo su cumplimiento. Asimismo, se dispone que las instituciones mencionadas deben habilitar canales para recibir objeciones debidamente justificadas de los abonados que cuestionen la suspensión o el bloqueo de sus servicios o equipos móviles.

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En paralelo, la Policía Nacional, a través de un canal formal de comunicación con Osiptel, podrá verificar la autenticidad y validez de denuncias y constataciones presentadas por usuarios. Si la información es verificada, Osiptel solicitará a la empresa operadora la ejecución de la medida correspondiente; en caso contrario, la solicitud puede ser rechazada.

La implementación de la norma se realizará con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto y sus lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano y en las plataformas digitales del Estado. La norma se enmarca en las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1596, enfocado en reforzar las medidas contra el empleo de celulares en actividades delictivas.