Diligencias fiscales contra Fuerza Popular y País para Todos sacuden el panorama electoral.
- owenvalencia20
- 27 mar.
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La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha tomado la decisión de iniciar las diligencias legales contra los partidos Fuerza Popular y País para Todos, tras recibir varias denuncias que cuestionan la legitimidad de estas agrupaciones. La investigación surge en un contexto donde se presuntamente habrían observado conductas antidemocráticas por parte de ambos partidos.
El encargado de estas diligencias será el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado, quien evaluará si se debe solicitar a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad de los mencionados partidos. Este proceso se lleva a cabo poco después de que la Corte retirara el reconocimiento a la agrupación A.N.T.A.U.R.O., liderada por el etnocacerista Antauro Humala, marcando un precedente en el uso de la Ley de Organizaciones Políticas.
En el caso de Fuerza Popular, la denuncia fue presentada por Beatriz Cano Bernales, quien argumenta que el partido ha incurrido en conductas antidemocráticas en tres oportunidades. La primera de estas situaciones se refiere al caso conocido como “los Cocteles”, en el que la agrupación está acusada de recibir aportes irregulares en la campaña de 2011. La segunda acusación se concentra en la negativa de su líder, Keiko Fujimori, a aceptar los resultados de las elecciones de 2021 y la tercera se relaciona con el condenable caso de los "Mamani videos", que involucró a Kenji Fujimori en un acto de tráfico de influencias para evitar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.
Cano también ha vinculado a Fuerza Popular con el grupo extremista "La Resistencia". En respuesta a estas acusaciones, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, expresó que la acción de la fiscalía refleja una intromisión política. “Si tenemos parte de la fiscalía obsesionada, abocada a hacer política, las cosas no van a funcionar”, afirmó. Además, subrayó que “las elecciones se ganan en las urnas”, refiriéndose al uso de la justicia como un mecanismo para influir en el proceso electoral.
Por su parte, la agrupación País para Todos, que ha postulado a Carlos Álvarez como su candidato presidencial, enfrenta denuncias por promesas de campaña que, según Javier Sulca Cáceres, exmilitante de A.N.T.A.U.R.O., podrían contradecir principios democráticos. Sulca menciona propuestas del artista, como la pena de muerte para violadores y la expulsión de extranjeros, sugiriendo que promueven la violencia y el odio.
Abogados especialistas en derecho penal han criticado la decisión de la fiscalía, advirtiendo sobre sus posibles repercusiones. Vladimir Padilla consideró que se sienta un mal precedente, convirtiendo a la fiscalía en un agente persecutor de partidos en épocas electorales, lo que podría saturar el sistema judicial con denuncias frívolas. Andy Carrión también alertó sobre el peligro de que este tipo de investigaciones amenacen la existencia misma de los partidos políticos, los cuales representan las únicas vías institucionales para la participación ciudadana en la democracia.
La declaración de ilegalidad implicaría la cancelación de la inscripción de los partidos en el Registro de Organizaciones Políticas, el cierre de sus locales y la imposibilidad de reinscripción, un desenlace que no solo podría afectar a Fuerza Popular y País para Todos, sino a la pluralidad democrática del país en general.
