Desistimiento de Arturo Fernández pone fin al caso penal por acusaciones de difamación contra Combina

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció oficialmente su desistimiento de continuar con la denuncia penal por difamación que había presentado contra el excongresista César Combina. La decisión, tomada en las últimas horas, pone fin a un proceso judicial que había avanzado hasta la fase oral, pero que quedó suspendido ante la inasistencia del imputado y la ausencia de una defensa debidamente acreditada.

Según consta en los registros judiciales, el juez a cargo, Juan Conrrado Bendezú Villena, declaró reo contumaz a Fernández ante la falta de ubicación del denunciado y ordenó su captura inmediata. El proceso se había originado a partir de una publicación realizada por Combina en la red social X, en la que vinculaba a Arturo Fernández con la designación de Einer Gilbert Alva León, conocido popularmente como ‘Makanaky’, en el cargo de gerente municipal de Moche. El denunciante sostuvo que la resolución mostrada por Combina no existió y que la publicación constituía un acto de difamación.

Fernández, en su declaración pública, explicó que optó por desistir de la querella por considerar que la acción judicial ya cumplió su función de comunicar y hacer visible el hecho ante la opinión pública. Añadió que su decisión no implica que negar la posibilidad de que se revisen o se aclaren casos de interés público en el futuro, sino que busca evitar un prolongado proceso que podría afectar la labor administrativa y la confianza ciudadana.

El exalcalde reiteró que su objetivo siempre fue preservar el honor y la integridad institucional, especialmente en un entorno político donde las redes sociales pueden difundir información de forma rápida y, a veces, imprecisa. Por su parte, fuentes cercanas a Combina señalaron que el abogado del exparlamentario aún no se ha pronunciado sobre la desvinculación del caso, pero que la noticia representa un cierre práctico al conflicto judicial relacionado con esa publicación.

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Este episodio reabre el tema de la responsabilidad de las figuras públicas en la comunicación digital y la necesidad de verificar datos antes de difundirlos. Expertos en media y derecho difieren sobre si estas disputas deben resolverse en sede penal o a través de mecanismos de reparación civil o corrección pública. En contextos como el de Trujillo, el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor reputacional continúa siendo un tema relevante para la ciudadanía y para la gestión de la esfera pública.

Lo ocurrido también invita a revisar las prácticas de verificación de información en las redes sociales de figuras políticas y a fomentar una cultura de responsabilidad en declaraciones que pueden afectar la imagen de otras personas. Aun cuando el proceso penal ha sido desistido, el impacto de la discusión pública persiste en la percepción de transparencia y en la confianza de los votantes.