Designación polémica: parlamentarios critican a Santiváñez y dicen que es un golpe a la institucionalidad.

Juan José Santiváñez, designado recientemente como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, genera un fuerte eco en el ámbito político. Cinco meses después de haber sido censurado como titular del Interior, su nombramiento ha sido interpretado por diversos sectores como una “burla” y una “provocación” hacia el Congreso y la ciudadanía.

La reacción en la arena parlamentaria ha sido variada, pero marcada por la desconfianza y la preocupación respecto a las implicancias institucionales. En la cuenta oficial de la red social X, Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que “el nombramiento del censurado Santiváñez en Justicia es una burla al país”, frase que resume la incredulidad de parte de la oposición ante la nueva designación.

Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) fue más contundente: para ella, la designación “es una provocación al Congreso y una necedad”, y afirmó que Santiváñez “es incapaz de gestionar nada”. Sus palabras subrayan una lectura de desconcierto en torno a la idoneidad de la persona en un cargo de alta responsabilidad institucional.

Edward Málaga (No Agrupado) aportó una visión crítica desde la bancada no agrupada, indicando que, tras este nombramiento, “está en la cancha del Legislativo poner freno a tanta desvergüenza”. Su comentario sugiere que existe una demanda de contrapesos más claros y de mecanismos de supervisión más firmes frente a decisiones que, a juicio de algunos sectores, podrían menoscabar la confianza pública.

La conversación en redes ha trascendido la esfera parlamentaria para tocar a la ciudadanía. En una intervención publicada en X, un representante señaló la necesidad de conocer la postura de los líderes de los partidos y de las bancadas. Nombres como Keiko Fujimori, César y Richard Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna y Patricia Li figuran entre los que podrían influir en la línea de acción del Congreso ante este nombramiento. Queda en el aire la pregunta de si habrá una posición unificada o una postura matizada entre las distintas fuerzas políticas.

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Desde la oposición, Flor Pablo (No Agrupada) sostuvo que “Boluarte se burla de los peruanos” al designar a Santiváñez. En su valoración, la llegada al Ministerio de Justicia podría interpretarse como una señal de que se pretende utilizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para castigar a opositores y, en su lectura, facilitar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este análisis agrega una perspectiva crítica sobre las posibles motivaciones políticas detrás del nombramiento.

La conversación pública se mantiene abierta. A medida que se consolide la nueva gestión en Justicia y Derechos Humanos, serán determinantes las acciones concretas en materia de políticas públicas, transparencia y respeto a los mecanismos de control democrático. En un país en el que las instituciones buscan fortalecer su legitimidad ante la ciudadanía, cada movimiento institucional se analiza con lupa, y este nombramiento no es la excepción: se espera que las decisiones futuras permitan medir si se trata de una elección con justificación técnica y administrativa o de una maniobra con fines políticos.