Cusco demanda al Ministerio de Cultura para "entregar" la gestión de Machu Picchu en su totalidad

El Gobierno Regional de Cusco, encabezado por el gobernador Werner Salcedo Álvarez, presentó una demanda constitucional de cumplimiento ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco contra el Ministerio de Cultura (Mincul). La medida busca que la autoridad central transfiera de manera íntegra la administración y gestión total de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, incluyendo la supervisión de sitios emblemáticos como el Santuario Histórico de Machu Picchu.

La acción legal, promovida por el despacho del abogado constitucionalista Luciano López Flores, se fundamenta en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 29565 (Ley de Creación del Ministerio de Cultura, de 2010). Según la defensa, dicha norma ordenó la transferencia de las antiguas unidades culturales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales, mandato que, aseguran, no se ha cumplido en más de una década.

Salcedo subrayó que la demanda se presenta en su doble calidad de autoridad regional y ciudadano cusqueño, con el objetivo de corregir lo que consideran un incumplimiento que afecta directamente a la descentralización del país y al manejo del patrimonio cultural de la región.

El equipo legal, liderado por López, señaló que la inacción del gobierno central “sometió” a las provincias a un manejo deficiente del patrimonio cultural y ambiental que, de persistir, podría comprometer derechos de interés difuso de trascendencia constitucional. En ese sentido, advirtió que la demora podría poner en riesgo recursos culturales de alto valor para la colectividad cusqueña.

Entre las motivaciones citadas figura la afirmación de que la transferencia legal ya venció sus plazos y que la continuidad de la gestión central contraviene el marco normativo, afectando la autonomía regional para tomar decisiones estratégicas sobre el patrimonio y los recursos culturales de la región.

El abogado López añadió que este caso podría convertirse en un precedente relevante para otras regiones de Perú que cuentan con un patrimonio cultural de gran importancia. Además, sostuvo que la acción busca dotar a Cusco de la capacidad administrativa necesaria para proteger y gestionar de manera directa sitios patrimoniales, sin dilaciones ni intermediarios que, a su juicio, han frenado una descentralización efectiva.

La iniciativa legal señala que la DDC de Cusco debe asumir la responsabilidad plena de la conservación, promoción y gestión de bienes culturales, incluyendo la supervisión de zonas emblemáticas como Machu Picchu, con miras a garantizar una administración más ágil y adecuada de estos bienes de interés nacional e internacional.

Se espera que el proceso judicial aporte claridad sobre los mecanismos de transferencia y el nivel de compromiso del Ejecutivo central con la descentralización cultural. La región, por su parte, sostiene que una gestión más cercana a la realidad local puede contribuir a una mayor eficiencia en la protección del patrimonio y en el desarrollo de comunidades vinculadas a estos recursos.

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Declaraciones del letrado señalan que, en palabras del gobernador Salcedo, “es hora de que el Estado honre su palabra y cumpla con la ley, y que los jueces asuman el rol histórico de guardianes de la Constitución, la legalidad y la descentralización del poder a favor de las Regiones”. El equipo legal agregó que este es un caso que podría replicarse en otras regiones con patrimonios culturales de gran relevancia en el país.