“Cuchillo” sospechoso de matar a 13 mineros salió del país con todos los permisos libres a Colombia.
- owenvalencia20
- hace 3 días
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El caso del presunto responsable del secuestro y asesinato de 13 mineros en Pataz, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, ha dado un giro inesperado que pone en evidencia fallas en los controles migratorios del país. Según registros migratorios revelados por Canal N, la noche del lunes, Rodríguez Díaz logró salir del territorio nacional con destino a Colombia, en un momento en que la opinión pública y las autoridades se encontraban en plena controversia por su posible participación en los crímenes y su relativa liberación en años recientes.
Este incidente ha generado una serie de cuestionamientos al Gobierno, particularmente a la gestión de las instituciones encargadas de la seguridad y el control migratorio. La presidenta Dina Boluarte, quien en anteriores declaraciones señalara a Rodríguez Díaz como el "principal sospechoso" del brutal crimen, afirmó que el joven habría sido capturado por la Policía, pero que luego fue puesto en libertad por el Ministerio Público. La ironía y la gravedad de la situación no pasaron desapercibidas: mientras la máxima autoridad del Estado se mostraba indignada y exigía responsabilidades, la realidad indica que el sospechoso ya no se encontraba en territorio peruano.
En sus intervenciones públicas, Boluarte manifestó: “Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente 'Cuchillo', capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”. La referencia clara a una supuesta cadena de errores y falta de coordinación en la administración de justicia ha generado un fuerte debate sobre la eficacia y la responsabilidad de las instituciones.
Asimismo, la mandataria cuestionó públicamente la actuación del Ministerio Público, señalando que la libertad de Rodríguez Díaz evidencia una posible cadena de negligencias: “¿En qué quedamos? Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan. Con las letras que corresponden, esto no es lavarnos las manos; estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando”.
La salida del sospechoso, sin embargo, evidencia una omisión que ha puesto en jaque al sistema migratorio peruano. La falta de alertas o controles en el momento de la salida de Rodríguez Díaz ha llevado a que la autoridad pertinente —el jefe de la Superintendencia de Migraciones, Armando Benjamín García Chunga— y el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, deban dar las explicaciones del caso. La inquietud crece entre la ciudadanía y las fuerzas políticas, que demandan una revisión exhaustiva de los procedimientos y responsables en estos hechos.
La polémica ante esta fuga no solo pone en debate la efectividad de las instituciones, sino también la impunidad que parece rodear al caso: un sospechoso con antecedentes, señalado como líder en uno de los crímenes más duros en la historia minera reciente, logró salir del país en circunstancias aún por esclarecer. La pregunta ahora es si el Estado podrá recuperar a Rodríguez Díaz en Colombia o si, por el contrario, la justicia se verá aún más limitada en su busca.
