Corte Suprema autoriza levantar secreto de comunicaciones de Luciana León en investigación por presunto tráfico de influencias

La Corte Suprema autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de la excongresista Luciana León en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias que podría comprometer a instituciones públicas. La decisión fue ratificada por la Sala Permanente, que rechazó el recurso de apelación presentado por León para anular una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 21 de noviembre de 2004, la cual dio curso al pedido fiscal de acceso a datos de su historial telefónico entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

La defensa de León argumentó que no había elementos suficientes que vincularan a la exlegisladora con un ilícito penal. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la medida de interceptación es pertinente dentro de una investigación centrada en un delito concreto, que involucra a dos teléfonos puestos a disposición de León por su cargo en el Congreso. Se solicitó información específica sobre llamadas, ubicaciones, horarios y personas implicadas, en un lapso razonable.

“La información solicitada abarca un ámbito mayor que lo obtenido por el deslacrado de un teléfono, y solo podría obtenerse a través de la colaboración de las empresas de telefonía; el cumplimiento del juicio de idoneidad no se circunscribe a un único teléfono, sino a los dos que se utilizaron”, indicó la Sala, presida por el juez Supremo César San Martín. En ese marco, la resolución subraya que no procede discriminar solo un dispositivo cuando ambos estuvieron operativos durante el periodo analizado.

Publicidad

La Corte señala, además, que la medida no vulnera derechos fundamentales cuando se enmarca en una investigación por presuntas prácticas ilícitas que involucrarían a funcionarios y/o servidores públicos. En el caso de León, la autoridad judicial mantiene abierta la sospecha de que podría haber utilizado o exhibido influencias reales o simuladas para interceder a favor de terceras personas.

Junto a este expediente, la exparlamentaria es indagada por su supuesto vínculo con la organización criminal conocida como “Los Intocables Ediles de La Victoria”, lo que añade complejidad al entramado investigativo y al escrutinio público sobre su actuación durante su paso por el Congreso.

Las autoridades reiteran que la decisión se sustenta en el interés de esclarecer hechos que podrían implicar a diversas personas y actores estatales, dentro de un marco de control judicial que busca garantizar transparencia y debido proceso.