Contraloría descarta red de prostitución en el Congreso, pero destapa falsificaciones en contrataciones.

La Contraloría ha puesto fin a las especulaciones sobre la supuesta existencia de una red de prostitución en el Parlamento, a pesar de las controversias generadas por el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC). El trágico suceso, ocurrido en diciembre mientras Vidal se dirigía a su hogar en un taxi, desató una serie de investigaciones que apuntaron a altas figuras del Legislativo, incluida la presidencia del Congreso.

Una excolaboradora de la OLCC, que pidió mantener el anonimato, reveló a un medio local que Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la oficina, podía estar detrás de esta supuesta red, presentando a algunas mujeres como secretarias. Debido a estas acusaciones, la Fiscalía inició una indagación preliminar, lo que llevó a una revisión de las contrataciones de Saravia en la OLCC, donde Andrea Vidal había trabajado.

El reciente informe de la Contraloría, sin embargo, concluyó que no se hallaron evidencias que validen la existencia de esta red de prostitución, mientras que la Comisión de Fiscalización, que continúa con sus indagaciones, ha convocado a testigos y presuntos implicados como Torres Saravia y otros altos funcionarios del Congreso. La pesquisa, presidida por Juan Burgos, ha anotado en sus registros diversas declaraciones que, si bien pueden resultar comprometedoras, no fueron consideradas en el informe final de la Contraloría.

En el mismo informe, se denunció la presentación de documentos falsificados por parte de Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo, quienes detectaron irregularidades en sus contrataciones. Según el documento, Saravia presentó un falso certificado de trabajo de la empresa CATEQUIL SRL para obtener su puesto en el Congreso. Este documento fue calificado como no auténtico por Francisco Roldán Arteaga, exgerente de la compañía, quien confirmó que nunca se emitió. A pesar de esto, la Contraloría concluyó que no podía ejercer un control administrativo, dado que el acusado no era funcionario al momento de la irregularidad.

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Por su parte, Isabel Cajo, quien accedió a su cargo como Técnico del área de administración de la OLCC, también fue señalada por utilizar documentos fraudulentos, incluidos un certificado de prácticas que fue desmentido por Santiago Elescano Hernández, gerente de E&H Constructora Inmobiliaria. Al igual que en el caso de Saravia, la Contraloría expresó que dicha falta no requería un control posterior, dado que Cajo tampoco era servidora pública en el momento en que presentó la documentación engañosa.

Finalmente, la tercera implicada, Myreilla Walters Solano, también incurriría en prácticas similares al presentar una constancia de estudios de la Universidad César Vallejo que fue invalidada, aunque, al igual que sus colegas, la Contraloría argumentó que no procedía un control posterior debido a su situación laboral en el momento del hecho.