Congreso pide la vacancia de Gino Ríos por sentencia de violencia familiar: ¿Se aplicará la ley?

El Congreso de la República ha presentado oficialmente un pedido de vacancia dirigido a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, en contra de Gino Ríos Patio, actual presidente del órgano. La iniciativa surge como respuesta a la sentencia condenatoria que pesa en su contra por violencia familiar, específicamente por maltrato psicológico hacia su exesposa, un asunto que ha generado fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad y ha puesto en entredicho la integridad del liderazgo en la justicia peruana.

El oficio, suscrito por los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña, se basa en los artículos 11, 13 y 18 de la Ley Orgánica de la JNJ, que establecen las causas y procedimientos para la vacancia de sus integrantes en caso de tener antecedentes condenatorios por delitos graves, como violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar. Ambos parlamentarios argumentan que, en virtud de la sentencia, Ríos se encuentra en una causal legal que amerita su separación definitiva del cargo.

El mismo día en que presentaron la solicitud, citaron el precedente de Rafael Manuel Ruíz Hidalgo, quien fue separado de la JNJ en abril pasado tras una resolución judicial firme por un delito equivalente, en cumplimiento del mismo marco legal. La referencia pretende asegurar que las reglas del juego se apliquen de manera pareja y que la institución mantenga la credibilidad y transparencia en sus procesos.

Los artículos citados en el pedido especifican claramente los motivos: el artículo 11 señala que los condenados con sentencia firme por delitos dolosos, especialmente aquellos que involucren violencia contra la mujer, no deben integrar organismos de justicia. El artículo 18 precisan que la vacancia también se puede dar por tener resoluciones judiciales condenatorias, lo que en el caso de Ríos habría sido vulnerado.

Sin embargo, además del proceso formal de vacancia, expertos y figuras jurídicas consideran que la situación de Gino Ríos evidencia fallas mayores en los mecanismos de selección y evaluación de candidatos a cargos públicos de alta responsabilidad. Cruz Silva, abogada del IDL, afirmó que no basta con solicitar la vacancia, sino que también se deben investigar los procedimientos del comité que permitió su designación, incluyendo a figuras como Javier Arévalo, quien entrevistó personalmente a Ríos en el proceso de selección.

“La falta de rendición de cuentas y la omisión de antecedentes en la elección de Ríos reflejan graves fallos en la transparencia del proceso. Esto no solo pone en riesgo la credibilidad de la JNJ, sino que también envía un mensaje equivocado sobre el criterio ético y legal que debe regir en cargos de esta magnitud”, señaló Silva.

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Por su parte, Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, criticó duramente la decisión del comité responsable, asegurando que “sabían plenamente que Ríos era condenado y aun así lo eligieron, lo cual denota una actitud displicente y falta de ética en el manejo de la justicia”. Canelo agregó que estas situaciones reflejan la necesidad de fortalecer los controles y los mecanismos de selección para evitar que delitos de violencia de género sean tolerados en instituciones públicas.

Finalmente, la discusión se centra en la importancia de que se aplique un criterio riguroso y coherente ante casos similares, garantizando que quienes asumen roles de autoridad en la justicia sean ejemplo de integridad y respeto a los derechos humanos. La decisión final sobre la vacancia será tomada en los próximos días por la misma JNJ, en un contexto de mayor compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad.