Congreso deliberará hoy sobre la inhabilitación de 10 años para Vizcarra y Sagasti.

El escenario político peruano se prepara para un día crucial en el Congreso, donde hoy se llevará a cabo la votación final sobre dos casos que involucran a exmandatarios y exministros en procesos de acusación constitucional, con la posible sanción de inhabilitaciones que podrían marcar un precedente en la responsabilidad política en el país. Los informes finales recomienda inhabilitar por diez años a Martín Vizcarra, ex presidente, por su papel en el cierre del Congreso en 2019; y a Francisco Sagasti, también ex mandatario, por el retiro irregular de 18 altos mandos policiales durante su gestión.

Desde las primeras horas de esta tarde, el Pleno del Parlamento se prepara para debatir y votar los informes que, de aprobarse, pondrían fin a la carrera pública de estos exlíderes por un período considerable. La primera en ser sometida a votación será la propuesta que busca inhabilitar por diez años a Vizcarra, junto con cinco años para sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por presuntas infracciones a la Constitución relacionadas con el cierre del Congreso y el llamado "escándalo de la vacunación irregular", en el que se descubrió que el expresidente se vacunó clandestinamente durante la pandemia.

Posteriormente, se analizará el informe que recomienda la misma sanción temporal para Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, quienes autorizaron la destitución de 16 oficiales generales y 3 tenientes generales de la Policía Nacional sin seguir los procedimientos establecidos. La denuncia señala que Sagasti emitió resoluciones supremas ilegales, sin el debido proceso, y que su decisión implicó una vulneración de derechos de los afectados y una desviación del marco legal, en un movimiento que busca justificar la acusación de abuso de autoridad y otras infracciones constitucionales.

Estas decisiones, si se aprueban, constituirán un hecho inédito: dos expresidentes sancionados por la misma gravedad y con penalidades iguales, aunque por hechos distintos. La jornada permite preguntarse cómo interpretará el Congreso la responsabilidad de los líderes políticos y exfuncionarios, en un proceso que muchos ya califican como una de las más relevantes en los últimos años en materia de justicia y ética pública.

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Un recorrido por las inhabilitaciones previas de Vizcarra

Es importante contextualizar que, si estas nuevas sanciones prosperan, Martín Vizcarra sumará una tercera inhabilitación en su historial político. La primera ocurrió en abril de 2021, cuando fue sancionado por diez años tras el escándalo del Vacunagate, en el que se documentó que el entonces mandatario se aplicó dosis adicionales de la vacuna Sinopharm en secreto, beneficiando también a miembros de su familia. Por esa misma conducta, también fueron sancionadas exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

Luego, en mayo de 2022, el Congreso le impuso una segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, debido a su participación en actividades empresariales en conflicto con sus funciones públicas en el caso Obraínsa, tras no haber renunciado a su participación en la empresa C y M Vizcarra mientras ejercía como ministro de Transportes. En conjunto, estos hechos marcan un patrón en la carrera de Vizcarra, que ahora podría sumar una tercera sanción que ratificaría su responsabilidad en diferentes episodios controvertidos.

El caso Sagasti y el retiro de policías

Por otro lado, la sanción contra Sagasti se centra en su gestión como presidente interino, específicamente en la destitución de 18 oficiales de la Policía Nacional, un caso que también ha sido calificado por muchos como una medida irregular. La denuncia afirma que Sagasti emitió resoluciones supremos ilegales, en las que ordenó remover a múltiples oficiales sin seguir los procedimientos legales, además de designar un nuevo comandante general sin fundamentos sólidos. La acusación también lo vincula con infracciones a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, así como con delito de abuso de autoridad.

En el proceso, Sagasti y sus abogados defendieron su actuación y denunciaron una motivación política detrás de la acusación. El exmandatario, que acudió acompañado de sus defensores Carlos Rivera y José Ugaz, comentó con ironía: “Me van a inhabilitar por diez años, espero que al menos me den un minuto adicional por cada año”, en referencia a la negativa para extender su defensa oral durante la votación.

Reacciones y expectativas

Los congresistas, como Ruth Luque y Flor Pablo, han manifestado posturas diversas. Mientras que algunos consideran que estas acusaciones son una forma de justicia y rendición de cuentas, otros, como Luque, han señalado que se trata de procesos políticos disfrazados de legales. La propia diputada Pablo advirtió que “Keiko Fujimori nunca será elegida presidenta”, sugiriendo un trasfondo político en estas acciones contra Sagasti.

En definitiva, la decisión que tomará el Congreso hoy tendrá peso no solo en los exlíderes mencionados, sino también en la percepción que la ciudadanía tenga sobre la responsabilidad de los expresidentes y el papel del Parlamento en la lucha contra la impunidad y el abuso de poder.