Congreso analiza ampliar vigencia del Reinfo ante vencimiento de 2025

El Congreso presentó un predictamen que plantea extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, ante la proximidad del vencimiento del actual proceso en 2025. El documento, elaborado por las comisiones de Energía y Minas e Inclusión Social, consolida cuatro proyectos de ley y busca evitar que pequeños productores y mineros artesanales queden fuera de la formalidad, con posibles impactos sociales y económicos en comunidades dependientes de la actividad minera.

El predictamen propone modificar el Decreto Legislativo N.º 1293 y contempla la suspensión de exclusiones del registro, así como la reincorporación de mineros previamente retirados. Se presenta como una salida transitoria mientras se avanza hacia un marco legal definitivo. En las distintas intervenciones, los proponentes coincidieron en que la ampliación sería indispensable para dar continuidad al proceso de formalización, si bien reconocieron que no basta con una prórroga: se requieren reformas más profundas y estructurales.

Un análisis legislativo elaborado para la ocasión advierte que solo el 7% de los mineros inscritos opera en concesiones propias, mientras el 93% depende de contratos con terceros. Este dato subraya una limitación clave para el avance de la formalización, pues la dependencia de concesionarios y contratos dificulta la incorporación de muchos actores al sistema formal. El Ejecutivo ha reconocido este obstáculo estructural, señalando que la falta de acuerdos con los concesionarios ha convertido al Reinfo en un mecanismo temporal sin sostenibilidad a largo plazo.

Durante una mesa técnica, gremios del sector solicitaron simplificar procesos y ampliar el acompañamiento técnico a los mineros, para facilitar la regularización. En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) alertaron que las prórrogas continuas pueden perpetuar un sistema ineficaz, sin resolver los problemas de fondo.

En cuanto a las posturas institucionales, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente respaldaron la continuidad del proceso, pero demandaron mayores controles y la definición de objetivos medibles. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), por su parte, advirtió sobre riesgos ambientales asociados a una extensión sin una fiscalización adecuada.

El texto argumenta que la prórroga se sustenta en principios constitucionales, como el derecho al trabajo y la libertad de empresa, y propone una medida excepcional y transitoria para evitar una crisis social en las zonas mineras. Además, ordena al Poder Ejecutivo adaptar el reglamento del Reinfo en un plazo de 90 días y contempla la creación de una Ley MAPE (Marco de Adaptación y Protección de la Exploración) que establecería reglas definitivas para la minería artesanal y de pequeña escala en el país.

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Con miras al futuro, el predictamen sugiere que el proceso de formalización debe ir acompañado de reformas más profundas que reduzcan trabas administrativas, eliminen la inercia de los contratos desventajosos y garanticen mayor transparencia y fiscalización. En ese marco, señalamientos de actores del sector señalan la necesidad de un diálogo más amplio entre gobierno, empresas y comunidades para construir un modelo de formalización sostenible que alcance a la mayoría de mineros informales y artesanales.

En suma, el Congreso evalúa una prórroga excepcional hasta 2027 como una medida para evitar una transición abrupta que podría generar crisis sociales y económicas en zonas mineras. No obstante, el debate continúa: la extensión debe ir acompañada de reformas estructurales, mayor supervisión ambiental y mecanismos claros de evaluación de resultados para asegurar que la formalización sea realmente sostenible a largo plazo.