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Congresistas Pasión Davila y Alfredo Pariona afilian personal de su despacho al partido de Pedro Castillo.

  • owenvalencia20
  • 10 mar
  • 2 Min. de lectura
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En un contexto electoral cada vez más complejo, dos congresistas aliados de Pedro Castillo han comenzado a utilizar recursos del Congreso para impulsar su partido, "Todo con el Pueblo", que se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta situación ha generado controversia debido a que, según fuentes oficiales, han empleado personal de sus despachos y de la comisión que presiden para incrementar el número de afiliados necesarios.


Las cifras son elocuentes. Inicialmente, Castillo presentó 25,951 fichas de afiliación, pero solo 15,042 fueron validadas por el JNE. Esto deja un déficit de 10,246 nuevas afiliaciones que el partido necesita validar antes de que se cumpla el plazo el 12 de abril, fecha clave para aquellos que buscan participar en las elecciones de 2026. Durante este proceso de verificación, además, se eliminaron 3,293 fichas por inconsistencias, lo que evidencia un panorama desafiante para la agrupación.


Ante esta situación, los legisladores Alfredo Pariona y Pasión Dávila, quienes previamente formaban parte de Perú Libre y renunciaron para integrarse a la Bancada Socialista, han tomado un papel protagónico. En una reciente asamblea de "Todo con el Pueblo" realizada el 13 de abril de 2024, que se puede ver en redes sociales, ambos congresistas no solo estaban presentes en la mesa principal, sino que también realizaron discursos en apoyo a Castillo, con su imagen de fondo. "Estamos aquí para reunir todas las fuerzas necesarias para nuestra causa", declararon, mostrando su compromiso con la recolección de firmas y la consolidación del partido.


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Este uso de recursos y personal del Estado para fines políticos ha suscitado preocupaciones sobre la ética y la legalidad de tales acciones, cuestionando si los recursos públicos deben ser empleados para promover iniciativas personales o si deben ser utilizados en beneficio de la ciudadanía. Así, la situación plantea un importante dilema sobre la interacción entre la política y el uso adecuado de las instituciones públicas.

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