Brasil anula pruebas digitales en investigación Odebrecht ligada a Nadine Heredia

Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil dejó sin efecto las pruebas obtenidas contra la ex primera dama Nadine Heredia en el marco de la investigación vinculada a la constructora Odebrecht. Las evidencias, asociadas a un proceso paralelo en Perú que resultó en una condena de 15 años para la exprimera dama, quedaron invalidadas por la autoridad judicial brasileña, que abrió la puerta a nuevas consideraciones sobre la validez de los documentos y su admisibilidad en futuras cooperaciones judiciales entre Brasil y Perú.

La resolución, emitida por el juez José Antonio Dias Toffoli—miembro del Supremo Tribunal Federal—responde a un pedido presentado por la defensa de Heredia. La decisión no solo invalida las pruebas específicas, sino que también impide su uso en cualquier trámite de cooperación entre Brasil y Perú. El motivo central es la falta de garantía de autenticidad y de la cadena de custodia de las evidencias recogidas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, sistemas empleados por Odebrecht para registrar pagos de sobornos.

Para el magistrado, estas evidencias ya habían sido cuestionadas por la propia Corte, y la normativa vigente determina que, cuando no se puede asegurar la integridad de los datos, deben considerarse pruebas impropias o inutilizables en procedimientos judiciales. Este razonamiento amplía, en la práctica, las salvaguardas legales que también se habían aplicado a otros casos de la llamada Operación Lava Jato, extendiendo su alcance al contexto de la exfigura peruana.

La resolución solicita que se comunique al Ministerio de Justicia de Brasil para que se abstenga de realizar actos de cooperación basados en estos elementos con el Gobierno del Perú. En términos operativos, la medida podría dificultar la extradición o intervención policial en contra de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño, al suspender la utilización de estas pruebas en la cooperación internacional.

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Aun cuando el fallo centra su alcance en las pruebas digitales mencionadas, el efecto jurídico principal es la redefinición de criterios de admissibilidad en casos transnacionales vinculados a investigaciones de corrupción, así como la delimitación de la cooperación judicial entre Brasil y Perú en este expediente concreto. La noticia añade un nuevo capítulo a la discusión sobre la integridad de las evidencias y la cooperación internacional en casos de alto perfil.