Audiencia para evaluar levantamiento del secreto de comunicaciones de Santiváñez programada para 1 de diciembre

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó este lunes una solicitud formal ante el Poder Judicial para levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez. El requerimiento apunta a esclarecer posibles actos de corrupción vinculados al caso conocido como “Los Waykis en la Sombra” y busca acceso a registros de llamadas, mensajes y demás comunicaciones de Santiváñez, así como de otros colaboradores cercanos.

En el documento, al que tuvo acceso Infobae, se detalla que la petición no se limita a Santiváñez. También se solicita información relacionada con Ricardo Kanashiro Romero, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter; Carlos Alvizuri Marín, abogado que trabajó en el estudio del exministro; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter. La finalidad, según la fiscalía, es recabar indicios que permitan esclarecer posibles maniobras para beneficiar a determinados actores dentro de la investigación.

La hipótesis central del requerimiento es que Santiváñez habría supervisado o facilitado la contratación de un abogado próximo a su entorno para que defendiera a Ortiz Marreros. Se presume que esta decisión habría tenido como objetivo evitar que Ortiz Marreros se acogiera a la figura de colaborador eficaz y, con ello, declarara en contra de Nicanor Boluarte. En la tesis de la fiscalía, la maniobra habría sido instrumental para obstruir la justicia y proteger a otros involucrados en el esquema.

La audiencia para evaluar la pertinencia y alcance del levantamiento del secreto de las comunicaciones fue programada por el juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley. La cita está fijada para el próximo lunes 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, y se celebrará en una sede judicial aún no especificada en la convocatoria oficial.

Cabe recordar que Santiváñez ya cuenta con un impedimento de salida del país dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que justificó el arraigo en función de un riesgo de fuga. Este antecedente complica la movilidad del exministro, aunque la defensa ya ha insinuado que podría haber gestiones para ampliar o flexibilizar tales restricciones.

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En años recientes, Santiváñez ha obtenido autorizaciones para viajes temporales al extranjero, incluidos desplazamientos a Suiza cuando aún ocupaba el cargo de ministro de Justicia. Estas autorizaciones, obtenidas en circunstancias controvertidas, han alimentado el debate sobre la arquitectura de seguridad y supervisión en torno a las libertades de viaje de figuras públicas sujetas a investigaciones penales.

Las autoridades fiscales y judiciales han subrayado que, de concretarse el levantamiento del secreto de las comunicaciones, se evaluarán solamente los elementos pertinentes a las actuaciones investigadas y se salvaguardarán las garantías procesales, incluida la confidencialidad de datos personales no vinculados a la investigación.