Villarán sostiene que no hubo corrupción; fiscales sostienen la contrafigura y el caso avanza con nuevas pruebas

Susana Villarán y la sombra de un episodio que sigue sembrando controversia. En medio de un escenario judicial que mantiene su curso, la exalcaldesa ha insistido en una nueva lectura de los hechos que ahora la vinculan con la afirmación de no haber cometido “ningún acto de corrupción”. Según su postura, los fondos recibidos no habrían sido destinados a favorecer a constructoras, sino a una campaña, y mucho menos para mantenerla en el poder. Este giro discursivo coincide con una revisión de la narrativa pública que la acompaña desde hace años, en un contexto en el que las revelaciones recientes vuelven a colocar en el centro del debate la responsabilidad política y la verificación de los hechos.

La Fiscalía, por su parte, mantiene firme su posición y ha reiterado su pedido de 29 años de prisión contra la exalcaldesa, en un proceso que ha trascendido las fronteras locales y se ha convertido en un claro test de memoria institucional. En el corazón del asunto —según el marco judicial— están las acusaciones de aportes recibidos para la campaña, que Villarán ha desmarcado como un conjunto de movimientos “por nuestro bien” y para evitar que la ciudad cediera ante opciones políticas contrarias a su gestión.

En una lectura que la defensa ha enfatizado como una defensa de resultados y de intención, Villarán sostiene que parte de la información que circula no representaría la realidad de los hechos. Asegura que el dinero no era para ella y que, si hubo aportes, su fin último era preservar la administración municipal de un posible cambio político que, a su juicio, podría haber afectado a la ciudad. En esa línea, ha dicho que pidió perdón por callar, no por las decisiones que se le imputan.

La narrativa de la exalcaldesa ha articulado además una relación con el fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente municipal, un episodio que añade complejidad al caso. Villarán ha señalado circunstancias que, desde su punto de vista, sitúan a Castro como una pieza clave en un rompecabezas que aún no está completo. Las declaraciones de la propia Villarán han generado una ola de reacciones entre analistas y víctimas de esta trama, mientras las autoridades de justicia buscan esclarecer el conjunto de pruebas.

El informe de necropsia al que alude la cobertura periodística reciente apunta, según fuentes bleeding, a una lectura que sugiere que el fallecimiento de Castro podría encajar en un homicidio, un hallazgo que añade una dimensión dúctil a las investigaciones. En paralelo, el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, ha indicado que existen elementos suficientes para sostener la culpabilidad de Villarán, y ha dejado entrever que la cooperación de otras personas involucradas, como el exmandamás de OAS, José Pinheiro, podría aportar claves relevantes para el desarrollo del proceso.

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En este escenario, la estrategia de Villarán aparece como un intento de reconfigurar la conversación pública: convertir un expediente judicial en una historia de víctimas y en una defensa de supuestos fines necesarios para la ciudad. Sin embargo, las evidencias presentadas por la fiscalía y las circunstancias alrededor de la muerte de Castro complican ese relato. Lo que parecía una estrategia de contención podría transformarse en un eje decisivo para entender no solo la presunta financiación de campañas, sino también la responsabilidad institucional ante la gestión de una ciudad y la confianza de sus ciudadanos.

A medida que el caso avanza, la opinión pública observa con atención cómo se consolidan o se desploman las versiones oficiales. La conversación no se limita a un único caso: se trata de un examen profundo de la transparencia, la rendición de cuentas y las responsabilidades de las figuras públicas frente a la ética y la legalidad. En ese marco, la verdad judicial y la narrativa mediática compiten por definir el significado de lo sucedido y su impacto duradero en el tejido político y social.