Sunat y UIF fiscalizarán las ONG en Perú

En una sesión imprevista, el Pleno del Congreso aprobó la noche de este miércoles un texto sustitutorio que establece un marco más riguroso para la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú. Este nuevo enfoque, respaldado por 82 votos a favor y exonerado de una segunda votación, asigna a una nueva oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la tarea de supervisar las donaciones provenientes del extranjero que reciben estas entidades. Sumándose a esta supervisión estarán la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

El dictamen deroga la propuesta original que contemplaba la creación de una intendencia independiente específica para las ONG, siendo considerada "inconstitucional" por parte de Sunat, según explicó Auristela Obando, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con este nuevo marco, las ONG se verán obligadas a ajustarse a normativas más estrictas, con la posibilidad de enfrentar severas sanciones —incluyendo multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y, en ciertos casos graves, hasta la cancelación de su inscripción y disolución legal.

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Durante el debate, los autores del proyecto, Alejandro Aguinaga y José Cueto, manifestaron su deseo de que “las ONG ya no se aprovechen de los pobres con esta ley”. Este propósito de transparencia se ve reforzado por su promesa de promover una comisión investigadora que analice los fondos que recibe el país de organizaciones como USAID. Sin embargo, la reacción a esta nueva regulación ha sido mixta, y se notó un intento de boicot por parte de algunos legisladores, como la congresista Susel Paredes, quien solicitó que el proyecto regresara a comisión.

La ley debe ser promulgada en un plazo de 15 días por el Ejecutivo. Si se formulase alguna observación, el Congreso tendría la opción de insistir en su aprobación, asegurando así la implementación de las medidas de control necesarias para evitar interferencias en actividades políticas por parte de ONG financiadas desde el extranjero.