Santiváñez enfrenta rechazo del 72%: su gestión en Justicia es la más impopular del momento

En el inicio de su mandato como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez ha sido objeto de un rechazo sostenido en la opinión pública, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). A poco más de un mes desde su asunción, la figura ha enfrentado una mezcla de escepticismo y desconfianza que se ha reflejado en cifras que lo posicionan como una de las personas políticas menos valoradas del país.

El ministro fue presentado al gabinete de Eduardo Arana con el visto bueno de la presidenta Dina Boluarte, en un contexto de alta expectativa institucional y de cuestionamientos previos sobre su trayectoria. Los datos del IEP muestran que, mientras un reducido porcentaje de la población expresa apoyo a su trabajo, la mayoría manifiesta desaprobación. En concreto, el sondeo señala que cerca del 72% desaprueba su gestión al frente de Justicia, frente a apenas un 5% que la respalda; una tercera parte de los encuestados (23%) opting por no opinar.

Dentro del análisis demográfico, la capital concentra el rechazo más pronunciado: aproximadamente tres de cada cuatro ciudadanos en Lima Metropolitana consideran insatisfactoria la labor del ministro. En la macrozona Norte, y de manera particular en ciudades como Trujillo, la desaprobación también es evidente, vinculada entre otras cosas a percepciones sobre incidencia del crimen y la gestión de seguridad. A ello se suma un sesgo de opinión ligado al interés en política: entre quienes manifestaron mayor involucramiento en temas políticos, el índice de desaprobación alcanza el 88%.

La situación de Boluarte también se ve afectada por una curva de desaprobación histórica: la presidente acumula un récord del 93% en la última medición, con un pequeño porcentaje que aprueba o se mantiene en silencio ante el tema. En paralelo, el Congreso mantiene números de desaprobación en rangos cercanos a los históricos, reforzando una sensación de desgaste institucional que atraviesa diferentes fuerzas políticas.

El propio ministro se encuentra en medio de acusaciones y controversias que envuelven su gestión. Las autoridades fiscales lo han vinculado con una supuesta red de intereses, alegando que habría influido en movimientos de personal policial y/o favores organizados para sostener ciertas estructuras de poder económico. Paralelamente, investigaciones periodísticas han publicado grabaciones que, según la Fiscalía, sugieren negociaciones con otros dirigentes para trasladar a un oficial a otro centro penitenciario, en un contexto de posibles vínculos con redes criminales.

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Frente a este panorama, la percepción de la población parece orientarse hacia una demanda de transparencia y rendición de cuentas. En Lima y en otras regiones, la crítica apunta no solo a la gestión de justicia, sino al grado de confianza en la institucionalidad y en la capacidad del gobierno para responder a los retos de seguridad y corrupción.

Si bien la encuesta ofrece una foto de coyuntura, su lectura se cruza con dinámicas políticas que pueden variar en función de factores como la estabilidad ministerial, la evolución de investigaciones y la claridad de los actos administrativos. En todo caso, la caída de la popularidad, tanto de Santiváñez como de la presidenta y del Congreso, subraya una pregunta central para el entorno político: ¿qué medidas concretas se están tomando para revertir la sensación de desconcierto y para garantizar una labor ministerial con mayor legitimidad ante la ciudadanía?