Proponen cárcel de 6 a 10 años por pirotecnia en manifestaciones; aumentaría si hay lesiones o muerte
- owenvalencia20
- 27 oct 2025
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El Congreso evalúa incorporar sanciones penales al uso de pirotécnicos y explosivos en manifestaciones sociales, una iniciativa impulsada por el congresista Héctor Valer, de Somos Perú. El proyecto de ley propone modificar el artículo 279-C del Código Penal con el fin de reforzar la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía durante contextos de protesta.
La propuesta contó con el respaldo de una bancada cercana a Valer, integrada por Ana Zegarra, Óscar Zea, José Pazo, Alfredo Azurín, Elizabeth Medina y Jorge Morante. En los fundamentos del texto, el parlamentario cita los enfrentamientos ocurridos el 15 de octubre, cuando grupos de manifestantes habrían lanzado artefactos pirotécnicos contra agentes de la Policía Nacional del Perú y emplearon dispositivos improvisados similares a explosivos.
Según el proyecto, “el que, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos, con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años”. En caso de que estas acciones provocaran lesiones graves o la muerte de una persona, la pena se elevaría a un rango de 10 a 15 años.
Valer subraya que la finalidad de la propuesta no es criminalizar la protesta, sino garantizar la seguridad de las fuerzas del orden y de la ciudadanía, permitiendo un ejercicio del derecho a la protesta en condiciones de mayor protección. El legislador alerta sobre los riesgos de estos artefactos: quemaduras graves, daño ocular permanente, pérdida de audición y otros perjuicios irreversibles; así como el potencial de incendios y la contaminación ambiental que afectaría especialmente a niños y adultos mayores.
El debate sobre la iniciativa se acerca en un momento de tensión social, marcado por recientes movilizaciones y choques entre manifestantes y efectivos policiales. En ese marco, el proyecto busca equilibrar el derecho a la protesta con la obligación del Estado de salvaguardar la integridad física de todos los ciudadanos.
