Perú se prepara para enviar presos extranjeros a cárceles de El Salvador

El gobierno peruano ha dado los primeros pasos hacia un acuerdo bilateral con El Salvador para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a los centros penitenciarios que administra el gobierno del presidente Nayib Bukele. La iniciativa busca aliviar el colapso en las cárceles nacionales, que desde hace años enfrentan una grave crisis de hacinamiento y deficientes condiciones.

El pasado 12 de junio, el primer ministro Eduardo Arana informó al Congreso que uno de los objetivos principales del Ejecutivo sería comenzar por coordinar el envío de internos a establecimientos como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, considerado uno de los penales de máxima seguridad en la región. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia, que, según Arana, busca responder a la demanda de combate al crimen organizado internacional de manera más efectiva y coordinada.

En una comunicación oficial emitida el 24 de junio, Beyker Chamorro López, director de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, detalló que el próximo 4 de julio se realizará la primera de las tres reuniones de trabajo que tienen como finalidad definir los aspectos técnicos y jurídicos del convenio. Estas reuniones, en las que participarán también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), buscan establecer los mecanismos operativos y legales que permitan la transferencia de internos extranjeros hacia centros penitenciarios fuera del territorio peruano.

Chamorro señaló que el objetivo es evaluar la factibilidad del acuerdo, construir una posición institucional unificada y definir los pasos para su implementación definitiva. La finalidad, además de reducir la sobrepoblación en las cárceles nacionales, es mejorar las condiciones de reclusión y reforzar la lucha contra el crimen transnacional.

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Según registros del INPE, en agosto de 2024 la población penitenciaria en Perú alcanza los 98,271 internos, con un nivel de hacinamiento del 136%, uno de los más altos de Latinoamérica. De estos, 4,968 son presos extranjeros, siendo Venezuela el país con mayor número, con 3,582 internos. En menor proporción, se registran internos procedentes de Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana y España.

Este movimiento diplomático y penitenciario refleja la creciente preocupación del gobierno peruano por las altas tasas de criminalidad y el esfuerzo por buscar soluciones en la cooperación internacional, en un contexto donde la sobrepoblación carcelaria sigue siendo uno de los problemas más urgentes del sistema de justicia en el país.