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Santiváñez interpone denuncia penal contra Mónica Delta por presunto reglaje

  • owenvalencia20
  • 4 jul
  • 2 Min. de lectura
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El exministro del Interior y actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, ha llevado su denuncia a la Fiscalía contra la reconocida periodista Mónica Delta, el equipo de Punto Final y la empresa Latina TV, acusándolos de haberlo vigilado de manera ilegal y sin su autorización. La denuncia, presentada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, detalla que presuntamente se cometieron hechos ilícitos relacionados con actos de reglaje, incluyendo seguimientos mediante cámaras y teléfonos móviles.


Según la denuncia a la que tuvo acceso Expreso, el reportaje emitido el pasado 29 de junio, titulado “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?”, expuso imágenes de su vehículo y sus desplazamientos habituales, además de registrar sus actividades con cámaras, sin contar con su consentimiento previo. Santiváñez afirma que estas acciones de vigilancia ilegal lo expusieron a riesgos y posibles extorsiones, lo cual representa una grave vulneración a su privacidad y derechos.


El exministro, en su denuncia, señala que las actividades de seguimiento y registro fueron realizadas por personas desconocidas que lo vigilaron en sus movimientos y lugares que frecuenta en días previos a la emisión del reportaje. Añadió que estas acciones fueron facilitadas por el equipo del programa, en particular, por la conducta de Mónica Delta, quien, según señala, tenía la responsabilidad de controlar y supervisar los riesgos relacionados con los contenidos emitidos en su espacio.


Santiváñez responsabilizó directamente a Delta por no supervisar los riesgos editoriales y por permitir que su equipo realizara seguimientos audiovisuales que facilitaron posibles extorsiones. En el documento legal, también se señala que el director del programa, Juan Subauste, el periodista Carlos Hidalgo, y la empresa Latina TV, son presuntos facilitadores de estos actos ilícitos, que pueden ser considerados como reglaje, tipificado en el artículo 317-A del Código Penal.

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La denuncia acusa a los implicados de haber cometido actos que, en conjunto, vulneran derechos constitucionales y que podrían tener consecuencias legales severas si se comprueba su responsabilidad. La investigación sigue en marcha, y el caso ha generado diversas opiniones en el ámbito público, evidenciando la gravedad de las acusaciones de vigilancia ilegal en un país donde la libertad de prensa y de expresión deben ser protegidas.


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