Pensiones de hambre: más de 20,000 pescadores jubilados en Perú sobreviven con menos de S/500

Miles de pescadores jubilados en el Perú viven una realidad que parece haber quedado invisibilizada por décadas: pensiones que no superan los 500 soles mensuales y que, para muchos, apenas alcanzan para una parte mínima de la canasta básica. La desaparición de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) dejó una huella social profunda, con miles de familias que dependen de un sistema que, al parecer, no logró cumplir sus promesas.

La CBSSP se diseñó como un sistema de reparto financiado por aportes de pescadores, armadoras y aportes estatales. Su objetivo era garantizar un retiro digno que reconociera el esfuerzo de quienes llevan la vida en altamar. Sin embargo, la acumulación de deudas empresariales, la ausencia de transferencias estatales sostenidas y fallas en la gestión interna llevaron al colapso. En 2010, la Superintendencia de Banca y Seguros ordenó su disolución y liquidación, proceso que, a 15 años de aquella orden, permanece incompleto y con sustento legal aún por definir.

“Nos prometieron un retiro digno. Hoy sobrevivimos con pensiones de hambre que no alcanzan ni para la canasta básica. El Estado creó la Caja y ahora no puede lavarse las manos”, afirma Arístides Chulle Purizaca, dirigente pesquero. El testimonio de Chulle es solo uno entre miles de voces que cuestionan la efectividad de las medidas adoptadas y la responsabilidad del Estado en una deuda social visible en el cotidiano de las familias que dependen de la pesca como motor económico.

El marco institucional no solo se ha quedado corto en la protección de un grupo histórico de trabajadores, sino que también ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional. Este órgano ha señalado que el Estado incumplió con las compensaciones previstas para sostener la CBSSP y ha pedido a entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que realicen estudios actuariales para mejorar los montos. Aun así, los resultados concretos siguen esperando su implementación.

Para Alfonso Miranda Eyzaguirre, exministro de la Producción, la deuda con los pescadores es histórica y no puede entenderse fuera del contexto de la importancia de la pesca para la economía nacional. “La industria pesquera fue pilar de la economía nacional. Los pescadores construyeron esa riqueza con riesgo en altamar. No es aceptable que hoy vivan con pensiones mínimas”, sostiene. Miranda propone un mecanismo mixto que combine compensación presupuestal y una gestión más eficiente de la liquidación para honrar la deuda sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La Ley 30003, aprobada en 2013, creó un régimen especial para pescadores activos, dejando en una especie de “tierra de nadie” a quienes ya estaban jubilados bajo la CBSSP. Este vacío legislativo ha contribuido a que las pensiones de quienes ya no están en actividad no se ajusten al costo de vida actual, generando un rezago que ha ido ganando terreno con el paso de los años.

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Hoy, más de 20.000 familias dependen de estas pensiones precarias. En muchos casos, la pobreza contrasta con la relevancia de la pesca para la economía nacional, que ha sido una fuente clave de divisas y empleo. La narrativa de estas personas no es solamente una cuestión de números; es una historia de dignidad y de la promesa que hizo el Estado cuando se creó la Caja.

“Nosotros no pedimos regalos, pedimos justicia. Si el Estado creó la Caja y nos obligó a aportar, lo justo es que ahora nos responda”, enfatiza Chulle Purizaca en un llamado a la responsabilidad institucional. El clamor es claro: pensiones dignas para los pescadores jubilados, un reconocimiento que, a 15 años de la liquidación de la CBSSP, pareciera no haber llegado.

La pregunta central permanece: ¿cuándo asumirá el Estado su responsabilidad histórica? Mientras tanto, miles de jubilados y viudas continúan haciendo frente a una realidad en la que la cazoleta básica de subsistencia se ve amenazada cada mes. La discusión no debe limitarse a la memoria de lo ocurrido, sino a la construcción de un camino que asegure ingresos dignos para quienes hicieron de la pesca una columna vertebral de la economía nacional.