Mininter envía equipos de élite tras la masacre a 13 mineros en zona de alta inseguridad.

El Ministerio del Interior anunció hoy el envío urgente de unidades de élite para enfrentar la grave situación de inseguridad en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde 13 mineros fueron víctimas de una masacre presuntamente perpetrada por grupos de mineros ilegales. La acción, que el gobierno califica de “respuesta inmediata”, llega después de semanas de creciente tensión y denuncia de presencia delictiva en la zona.

Según el comunicado oficial del Mininter, se ha dispuesto el despliegue “inmediato de los grupos especiales contra el crimen organizado, así como de las divisiones que investigan secuestros, extorsiones y homicidios en la Dirincri”. El objetivo, expresaron, es localizar y capturar a los responsables de los asesinatos, en un esfuerzo coordinado con las Fuerzas Armadas, para devolver paz y seguridad a una región que desde febrero del presente año se encuentra en estado de emergencia.

Desde el Ministerio, Julio Díaz Zulueta—titular de la cartera—reconoció que “esto es una reacción tardía ante un problema que claramente se podía prevenir”. Aunque la región ha sido puesta en alerta máxima sin resultados concretos hasta ahora, las autoridades aseguran que “nuestros agentes están plenamente facultados para actuar en cumplimiento de la ley y garantizar la seguridad de la población en estas circunstancias extremas”.

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El hecho ha generado rechazo y preocupación en toda la nación. Las masacres y enfrentamientos en zonas mineras y agrícolas evidencian la gravedad de un problema que, pese a las medidas adoptadas, continúa desbordándose. La región de Pataz, que desde hace meses vive en una especie de estado de emergencia, todavía enfrenta dificultades para controlar a las organizaciones criminales que operan en la zona, y que, según denuncian los residentes, mantienen una presencia intimidante sobre las actividades legales y sobre la comunidad.

Desde el sector oficial, expresaron su pesar por las víctimas y reafirmaron el compromiso de erradicar la violencia y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, muchos críticos señalan que esta acción, aunque necesaria, llega demasiado tarde y que las acciones preventivas podrían haber evitado esta tragedia si se hubieran gestado con mayor anticipación y eficacia.