Mina poderosa: nuevo atentado deja un trabajador muerto

La situación en la mina Poderosa, ubicada en Pataz, La Libertad, se ha vuelto alarmante tras un nuevo ataque perpetrado por mineros ilegales. En la madrugada del 28 de marzo, estos delincuentes destruyeron otra torre de alta tensión que es crucial para el suministro energético de la mina, dejando sin electricidad tanto las instalaciones de superficie como las del interior. Este acto violento ha causado la muerte de un trabajador minero formal, quien se desempeñaba en la extracción de minerales en condiciones legales, mientras otros 50 trabajadores sufrieron síntomas de gáseos y fueron evacuados a una posta médica.

Según un comunicado emitido por la empresa, “emulando las peores prácticas terroristas de Sendero Luminoso”, los mineros ilegales atacaron de manera planificada, utilizando dinamita y armas de fuego. Con esta acción, la mina ha registrado su tercer atentado en menos de tres meses y la décimo séptima torre de alta tensión destruida en tres años. La empresa lamenta profundamente la pérdida de vidas, señalando que un total de 18 colaboradores han perdido la vida a causa de estos ataques.

La Mina Poderosa advierte sobre el deterioro de la seguridad en la región y hace un llamado a las autoridades, instando a que se tomen medidas contundentes. “El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales exigen una respuesta contundente y coherente del Estado", expresa la compañía, resaltando la necesidad de una mayor inteligencia y colaboración entre las fuerzas del orden, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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Este nuevo ataque se suma a una larga lista de violencias en la zona. El ataque más reciente antes del ocurrido hoy se registró el 12 de enero, cuando otra torre de alta tensión fue dinamitada. En septiembre de 2024, la empresa enfrentó un atentado similar, donde los delincuentes ingresaron armados y causaron caos en sus instalaciones.

La situación crítica que atraviesa la mina Poderosa subraya la urgencia de acciones efectivas por parte del Estado para proteger la vida de los trabajadores y asegurar el funcionamiento de una actividad minera que, a pesar de los riesgos, genera empleo y desarrollo en la región.