Madre de alias “El Monstruo” podría cumplir arresto domiciliario en Ica.
Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, podría cumplir su arresto domiciliario en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en Ica, según un oficio emitido por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Puente Piedra – Ventanilla. El documento, fechado el 18 de septiembre, solicita a la Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Ica adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden. A la espera de un dictamen definitivo, la situación ha generado cuestionamientos entre vecinos y observadores sobre la ubicación exacta de la vivienda designada y la seguridad de la comunidad.
La historia se vincula a un megaoperativo policial realizado el 3 de junio, cuando Hernández de la Cruz fue detenida y se le impuso una medida de arresto domiciliario por 36 meses, tras el hallazgo de cartuchos de dinamita en su vivienda y la acusación fiscal de pertenecer a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, presuntamente liderada por su hijo. El expediente indica que la Policía y la Fiscalía están involucradas en un proceso que, aunque paralelo al de su hijo, ha capturado la atención de la opinión pública por la magnitud de las imputaciones y la potencial afectación a la seguridad vecinal.
El procedimiento en curso establece que un equipo policial especializado confirme si la vivienda propuesta cumple con las condiciones mínimas para la detención domiciliaria. Mientras tanto, Hernández permanece en la carceleta del Callao a la espera de la evaluación. Las autoridades han subrayado que la Policía Nacional será la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la orden bajo su custodia.
La defensa de Hernández, por su parte, ha insistido en su inocencia. En entrevista, la mujer declaró: “Yo soy inocente de todos los cargos que se me imputan. El hecho de ser madre de Erick Moreno no significa que yo forme parte de su organización”. Además, Adujo una discapacidad como resultado de una fractura sufrida en un asalto ocurrido en Surinam en 2014, lo cual, sostiene, limita su movilidad y dificulta la verificación de su condición de salud. “No es justo que se diga que invento mi condición. Tengo carnet de discapacidad y problemas reales en la columna”, afirmó.
El fiscal a cargo del caso, Leonardo Guffanti, ha puesto en tela de juicio la veracidad de la discapacidad presentada por Hernández. Según Guffanti, imágenes de seguimiento policial la muestran en buen estado físico y, además, durante la audiencia de control de identidad no presentó evidencia médica que respalde la versión de la discapacidad. Este contraste entre la versión de la defensa y la evaluación fiscal añade una dimensión adicional de complejidad a la revisión del domicilio y a la toma de decisiones sobre la ejecución de la medida.
La claridad sobre la ubicación exacta en la que se cumplirá la medida continúa siendo un tema central de debate. Vecinos entrevistados por periodistas afirman no conocer a la detenida y señalan que no han recibido información oficial que confirme la designación de una vivienda específica. En este contexto, el Poder Judicial ha reiterado que la Policía Nacional es responsable de garantizar el cumplimiento estricto de la orden, bajo custodia de la autoridad competente, y de coordinar las diligencias necesarias para confirmar la aptitud del inmueble.
En paralelo, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, permanece detenido en Paraguay y es señalado como cabecilla de Los Injertos del Cono Norte. Las investigaciones señalan vínculos entre Moreno y graves delitos de crimen organizado, y su proceso judicial avanza de forma paralela al de su madre. Este hecho ha contribuido a la atención mediática sobre la familia y a la percepción de posibles nexos con actividades delictivas transnacionales.
La controversia sobre este caso no solo obedece a la gravedad de las imputaciones, sino también a la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes. Expertos en seguridad pública señalan la importancia de un marco claro para la ejecución de medidas restrictivas, especialmente cuando se trata de domicilios que podrían estar ubicados en zonas densamente pobladas. Los ciudadanos solicitan, además, una comunicación más directa y oportuna por parte de las autoridades para evitar incertidumbres y temores entre la población.
A medida que avanzan las diligencias, la atención mediática y ciudadana se mantiene alta. La investigación continúa abierta y el caso seguirá siendo objeto de nuevas actuaciones en los próximos días, con posibles hallazgos que podrían afectar tanto el curso legal de Hernández de la Cruz como el de su hijo, cuyos procesos en Paraguay y las autoridades locales siguen generando titulares constantes.
