La postulación de Antauro Humala en la cuerda floja.

Antauro Humala, una figura polémica en la política peruana, anunció su intención de postularse tanto a la Presidencia como al Senado en las próximas elecciones, con el respaldo del partido Juntos por el Perú (JP). Sin embargo, expertos y autoridades señalan que esta candidatura enfrenta graves obstáculos legales y éticos que podrían imposibilitar su participación.

Según explicó el constitucionalista Aníbal Quiroga, Humala está impedido de postularse por su condena por el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo de 2005. Este hecho, que le valió una sentencia de 19 años de prisión, lo convierte en un candidato prohibido por la ley electoral peruana que prohíbe la participación de personas condenadas por delitos violentos. En ese sentido, el jurista aclaró que es improbable que su candidatura sea aceptada, ya que "si se inscribe al Senado, debería ser tachado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)".

Por su parte, el experto en derechos electorales José Tello también confirmó que el plazo para la afiliación a un partido y la participación en primarias venció en julio de 2024, lo que impediría que Humala cumpla con los requisitos para inscribir su candidatura. Este académico explicó que, aunque su partido A.N.T.A.U.R.O. fue disuelto por la Corte Suprema en enero pasado, Humala insistiría en su postura, presentándose como candidato bajo el nombre de una posible alianza, lo cual sería ilegal si no cumple con los procedimientos adecuados.

A lo anterior se suma la denuncia de que Humala no cumplió con el proceso de renuncias exigido para poder postular como candidato invitado al Senado, ya que no descontinuó formalmente su militancia en A.N.T.A.U.R.O., que fue disuelto en 2023. La ley electoral establece que para postularse en distintas candidaturas una persona debe haber renunciado oficialmente a su militancia en el partido anterior antes del plazo establecido, que en este caso fue el 23 de diciembre de 2023.

Por si fuera poco, Humala mantiene discursos polémicos y promesas que generan rechazo y alarma. En entrevistas recientes, prometió aplicar la pena de muerte a expresidentes y fusilar a violadores de menores, frases que han sido duramente criticadas y que incrementan la controversia en su entorno.

Pese a las objeciones y rechazos internos en su propio partido, Juntos por el Perú asegura que continuará con el proceso de inscripción de la candidatura, aunque la oposición en varias regiones —como Arequipa, La Libertad y Áncash— ha manifestado su rechazo a que Humala sea parte del proceso electoral.

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El debate sobre la legalidad de su participación sigue abierto y, en el Congreso, algunos legisladores consideran que tanto la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, como el presidente del JNE, Roberto Burneo, deberían ser citados para aclarar si Humala puede o no postularse sin infringir las normas.

En definitiva, la candidatura de Antauro Humala está marcada por una serie de obstáculos legales, éticos y políticos que ponen en duda su legitimidad y viabilidad. La oposición y los especialistas coinciden en que su participación en los comicios podría estar en riesgo, y en cualquier caso, su figura continúa generando olas en la política peruana.