El Ministerio de justicia anuncia privatizar el control de ingreso a los penales ante años de fallas.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció en el Congreso la implementación de un decreto de urgencia que permitirá la participación del sector privado en el control de ingreso a las instituciones penitenciarias del país. La medida responde a la persistente incapacidad del Estado, a través del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), para solucionar las deficiencias en los sistemas de control y seguridad en los penales.

Este anuncio fue realizado en medio de una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, en la que Arana explicó los motivos que lo llevaron a proponer esta medida. La fuga de un recluso del Penal de Lurigancho, ocurrido recientemente, evidenció las vulnerabilidades en los procedimientos internos y desató la preocupación tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

"Vamos a presentar un proyecto de ley que modifique la normativa penal para fortalecer las acciones en materia de inteligencia y detección del delito dentro de los centros penitenciarios. Pero, además —y esto es fundamental—, ante la incapacidad del Inpe de resolver los problemas en los sistemas de ingreso, proponemos que estas funciones sean gestionadas por empresas privadas", manifestó Arana.

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El ministro precisó que la iniciativa contempla la concesión del control de ingreso y salida en los penales más problemáticos, donde los riesgos son mayores, a través de procesos de concesión y concurso público. "El sistema actual no ha podido garantizar una seguridad efectiva durante más de una década. Las deficiencias en los sistemas de escaneo corporal y rayos X, por ejemplo, permanecen sin solución", añadió.

Arana adelantó que, en los próximos días, firmará el decreto de urgencia que permitirá impulsar esta iniciativa, explicando que será un proceso formal que abrirá la puerta a la inversión privada en la vigilancia y control de los accesos a las cárceles. La medida tiene como objetivo disminuir los incidentes y mejorar la seguridad, permitiendo que empresas especializadas puedan gestionar estos controles bajo supervisión estatal.

La propuesta ha generado opiniones divididas, dado que la privatización de un aspecto tan sensible como el ingreso a los penales puede abrir un debate sobre la protección de derechos y la vigilancia estatal. Sin embargo, el ministro insistió en que la situación actual requiere soluciones inmediatas y que este paso es clave para modernizar y fortalecer el sistema penitenciario peruano.