Josué Gutiérrez rechaza iniciativa que podría condenar a protestantes por su apariencia
- owenvalencia20
- 14 nov
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En una declaración el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su firme desacuerdo con un proyecto legislativo que propone imponer penas de hasta diez años de prisión para quienes participen en manifestaciones portando el rostro cubierto. El funcionario subrayó que castigar de forma autónoma una conducta de cubrirse el rostro transgrediría derechos fundamentales y haría peligrar el principio de legalidad.
Durante la entrevista, Gutiérrez precisó que cubrirse el rostro “no constituye delito por sí mismo” y sostuvo que “ponerse una capucha, una chalina o cualquier prenda no puede ser penalizado mientras no se acompañe de un acto violento. No hay que ser efectistas con la medida”, enfatizando que la sanción no puede fundamentarse únicamente en la apariencia exterior de los manifestantes.
El Defensor insistió en que centrar la penalización en la apariencia podría abrir la puerta a arbitrariedades y desviar la atención de actos realmente dañinos para la convivencia y la seguridad. Al evaluar la seguridad en eventos de protesta, señaló que existen herramientas eficaces para identificar conductas violentas sin criminalizar la protesta pacífica.
En ese sentido, Gutiérrez remarcó que la protesta es un derecho fundamental que debe ser protegido en una democracia. Recordó que la vigilancia y el control de las manifestaciones deben basarse en principios de proporcionalidad y legalidad, priorizando la prevención de la violencia y la protección de la ciudadanía, sin que la apariencia externa del manifestante se convierta en un criterio punitivo.
El Defensor del Pueblo participó, además, de una visita a la central de vigilancia de la Municipalidad de Lima, donde destacó la utilidad de tecnologías como el patrullaje aéreo y las cámaras de seguridad para identificar comportamientos violentos sin criminalizar la participación ciudadana en expresiones pacíficas.
En resumen, Gutiérrez reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la protección de derechos fundamentales, advirtiendo que cualquier marco legal que sancione la apariencia podría socavar la democracia al generar decisiones arbitrarias y desproporcionadas ante manifestaciones que no impliquen violencia.